
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Comodoro Py rechazó sobreseer al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en la causa “Fútbol Para Todos”, el programa que en 2009 lanzó el gobierno de Cristina Kirchner para la televisión pública de los partidos del fútbol argentino. Capitanich junto a Aníbal Fernández -en su rol de ex jefe de Gabinete- y ex dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están acusados de no haber controlado el destino de los fondos del programa.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces del TOF 1, Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, rechazaron desvincular del caso a Capitanich porque su planteo es “prematuro” y se debe analizar en el juicio oral, que todavía no tiene fecha.
En 2009, Cristina Kirchner, como presidenta de la Nación anunció el acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Estuvieron presentes Diego Maradona y entonces titular de la AFA, Julio Grondona. “Dimos un paso en la democratización de la sociedad. ¿Saben por qué? Porque no es posible que solamente el que pueda pagar mire un partido de fútbol, que además le secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos. Yo no quiero más secuestros”, dijo en el acto la ahora vicepresidenta .
En 2014 se inició una causa judicial que cuatro años después la jueza federal María Servini envió a juicio oral. La magistrada procesó y envió a juicio a Capitanich, a Aníbal Fernández -hoy ministro de Seguridad de la Nación-, a Gabriel Mariotto, ex coordinador del programa Fútbol para Todos, al ex titular de la AFA Luis Segura y siete ex dirigentes de clubes, a Sergio Marchi, de Futbolistas agremiados, y a Natale Rigano, ex CEO de Iveco. La acusación es por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública.
Servini señaló que “buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma” y que “el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP”.

La causa quedó radicada en el TOF 1 que tiene el expediente en etapa de instrucción suplementaria de la prueba que se analizará en el juicio oral. Luego de eso quedará en condiciones de fijar la fecha de inicio del proceso. Se trata del mismo tribunal que condenó al ex secretario de Obras Públicas José López a seis años de prisión por sus bolsos con nueve millones de dólares y que tuvo el caso de dólar futuro con Cristina Kirchner como principal acusada y que fue sobreseída por la Cámara Federal de Casación Penal.
Capitanich, a través de su abogado Gastón Chapo, pidió ser sobreseído. La defensa señaló que la acusación de incumplimiento de deberes de funcionario público no encuadra “dentro de los elementos típicos exigidos” por ese delito y que cuando fue indagado, procesado y enviado a juicio por la jueza Servini “no se describió en forma clara, precisa y circunstanciada, cuál era la conducta omisiva que se le enrostraba” y tampoco “se identificaba cuál era la norma -fuente de deber- de la que surgía su obligación de cuidar o controlar el destino del dinero generado por el ´Programa Fútbol Para Todos´”, ni tampoco cómo esa norma fue violada por el hoy gobernador de Chaco.
El abogado también agregó que “no existía ninguna norma que le impusiera al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación la obligación de cuidar y/o controlar el dinero generado por la explotación del programa”, sino que esa tarea era del coordinador del Comité de Gestión.
El fiscal federal de juicio Miguel Angel Osorio dictaminó por rechazar el sobreseimiento. Sostuvo que era “prematuro” porque en la causa se estaban haciendo medidas de prueba.
Los jueces Basílico y Michilini coincidieron con ese criterio. Señalaron que es “prudente debatir las cuestiones de hecho y prueba” en el juicio oral, lo que calificaron como el “ámbito natural de dilucidación de acuerdo con el ordenamiento procesal vigente”.
También afirmaron que el sobreseimiento de un acusado elevado a juicio antes del inicio del proceso “sólo resulta excepcionalmente aplicable en aquellos casos en los que no es necesario el debate, por resultar evidente el argumento de la defensa, o por existir acuerdo sobre ello entre las partes; alternativas que no se presentan en el caso que nos ocupa”. Lo que no se da en este caso.
Por su parte, el juez Grünberg sostuvo que el momento para analizar el pedido de sobreseimiento era cuando estén cumplidas por las medidas de prueba que ordenó hacer el tribunal.
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