“No se juzga la gestión de un gobierno, ni siquiera la gestión de una pandemia. Se evalúa en esta causa la realización de una conducta antinormativa. La responsabilidad es personal por el hecho, y el reproche no es moral, ni ético, ni político; es un reproche jurídico por un hecho antijurídico”, arranca el dictamen firmado por el fiscal federal Fernando Domínguez, que ayer aceptó la donación de $1,6 millón ofrecida por Alberto Fernández para cerrar la causa por la Fiesta en Olivos. Aunque reconoció que el Presidente tenía la “mayor responsabilidad” en el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez, destacó que está en condiciones de acceder a los mismos beneficios que el resto de los imputados: “Frente al Derecho Penal, el Dr. Alberto Angel Fernández no tiene menos derechos que el resto de las personas por ser presidente de la Nación”.
El fiscal DomÍnguez también aceptó las donaciones ofrecidas por la primera dama Fabiola Yañez y por otros tres imputados: Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso. Ahora solo resta que el juez federal Lino Mirabelli homologue los acuerdos para que todos terminen sobreseídos. A ellos se suma Carolina Marafioti, que fue la primera en llegar a un acuerdo.
En el caso del Presidente, el Fiscal tuvo en cuenta el valor de los respiradores para el COVID-19. En su dictamen mencionó informes del Ministerio de Salud de la Nación, de la empresa “Tecnoimagen”, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y del Hospital Central de San Isidro. “El monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con COVID-19, o un total de cuarenta días de internación en modulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″, dice el dictamen.
Aunque no estaba en la propuesta entregada por los abogados del Presidente, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso, Domínguez propuso que el dinero vaya a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán. “No es para que el Malbrán compre un respirador o solvente una internación, puede aplicarlo a sus tareas”, aclaró una fuente judicial.
El mismo destino eligió para la donación ofrecida por la primera dama de $1,4 millón.
En su dictamen, al que tuvo acceso Infobae, el fiscal le dedica varias páginas a explicar los alcances de la figura de la “reparación económica”, prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. “La resolución alternativa de conflictos (la reparación es uno de ellos) no es un régimen optativo para los órganos del sistema judicial penal”, aclara.
Sobre el monto de la reparación, Dominguez evaluó que estaba muy por encima del primer ofrecimiento, que consistía en donar la mitad de cuatro sueldos (unos $630 mil), aunque destacó que el Código Penal no otorga ningún parámetro: “Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación; sin embargo, sí puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto conciliando los intereses en juego”.
No obstante, aceptó la cifra de $1,6 millón porque supera los valores de los respiradores informados en el expediente: $1.213.290, para el sector público, y $1.442.400 para el sector privado.
Tal como adelantó Infobae el domingo, Alberto Fernández evalúa pedir un crédito porque no tendría el dinero ofrecido. Otra opción sería vender algún bien a su nombre, pero eso llevaría mucho más tiempo.
En total debería depositar $3 millones, sumando la donación ofrecida por Fabiola Yañez, que no tiene sueldo como primera dama. Desde que el juez homologue el acuerdo, el presidente tendrá un plazo de diez días hábiles para depositar ese dinero en una cuenta bancaria, tal como se comprometió en la presentación que hizo la semana pasada.
En el caso de Consagra, Emmanuel López y Basavilbaso, los otros tres imputados que están cerca del sobreseimiento, ofrecieron montos cercanos a los $250 mil. Para justificarlo tuvieron que presentar declaraciones juradas y hasta sus contratos de alquiler. No ocurrió lo mismo con Alberto Fernández ni con la primera dama.
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