El viernes se venció el plazo de 120 días dispuesto por la Corte Suprema para que el Congreso sancione una ley que reforme el Consejo de la Magistratura. En diciembre pasado el máximo tribunal había declarado la inconstitucionalidad de la conformación actual del organismo porque consideró que no se respetaba el equilibrio entre los diferentes estamentos (políticos y técnicos).
En caso de que no se apruebe una nueva norma, el Consejo -que elige y sanciona a los jueces- debía volver a tener 20 integrantes y al titular de la Corte como presidente, tal como estipulaba la norma de 1997, derogada por el kirchnerismo en 2006.
Sin los votos necesarios para avanzar con el proyecto oficialista que ya obtuvo media sanción en el Senado, el Frente de Todos ahora demora la designación del senador y el diputado que deben completar el Consejo y apela públicamente a la oposición y a la Corte para conseguir una extensión en el plazo que permita buscar algún tipo de consenso en la Cámara de Diputados.
“El expediente sobre constitucionalidad de la ley actual entró a la Corte el 22/08/2017. El fallo salió el 16/12/2021. 1.577 días de análisis. Diputados tiene sólo 4 días hábiles para aprobar una nueva ley, según el plazo fijado por la misma Corte”, protestó el jefe de la bancada oficialista Germán Martínez a través de las redes sociales.
La ley de 1997 asigna cuatro legisladores consejeros por cada una de las cámaras y actualmente sólo hay tres. Por eso aún resta designar a un legislador por la segunda minoría en cada una. La UCR y el PRO presionaron el pasado miércoles con la presentación formal de sus representantes: la diputada Roxana Reyes - y Francisco Monti de suplente- y el senador Luis Juez -con Humberto Schiavoni de suplente.
Solo resta ocupar esos dos lugares, ya que Horacio Rosatti tiene su lugar como presidente de la Corte Suprema y entre los estamentos técnicos, una jueza y dos abogadas fueron elegidas la semana pasada. La nueva representante de los académicos quedará definida el próximo lunes.
Ante la inminencia de la fecha límite, el oficialismo recurrió a una argucia legal: el diputado Marcelo Casaretto presentó un amparo y logró que el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, ponga un freno a las designaciones. Les dio cinco días a Cristina Kirchner y a Sergio Massa para presentar un informe “respecto del interés público comprometido”. Ahora, ambos argumentan que deben respetar este fallo.
Para el oficialismo la Corte Suprema está intentando legislar a través de un fallo. Consideran que es una intromisión inaceptable de otro Poder que puede sentar un pésimo precedente.
Por su parte, la oposición decidió ignorar este fallo de primera instancia porque considera que es simplemente una medida para ganar tiempo, dado que el juez es incompetente frente a lo que ordenó la Corte Suprema de la Nación.
Empantanadas todas las negociaciones políticas, en el interbloque de Juntos por el Cambio descartan cualquier tipo de acuerdo con el Frente de Todos y esperan a que la Corte resuelva la situación este lunes a través de alguna disposición o fallo.
Todos coinciden en que la situación se resolverá en los tribunales. Por una lado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ya pidió la nulidad del amparo oficialista. A su vez, el fiscal federal de Paraná, Leandro Ardoy, también apeló el fallo.
“La oposición ahora solo tiene que trasladar la misma nota que enviaron a Massa y a Cristina Kirchner, con sus dos representantes, a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 3, que es donde se inició el pedido de inconstitucionalidad hace 15 años”, explicaron a Infobae.
Al mismo tiempo, algunos en el interbloque opositor analizan la posibilidad de impulsar un juicio político contra el juez de Paraná. Entienden que resolvió “sospechosamente rápido” de acuerdo a la necesidad del Gobierno.
En la bancada del Frente de Todos, en cambio, aseguran que sin las designaciones no se podrá constituir el organismo porque el mismo fallo de la Corte dice que los nuevos representantes deben asumir “conjunta y simultáneamente”. También ponen en duda que Rosatti, el presidente de la Corte, decida tensionar al máximo contra al Gobierno asumiendo el frente del Consejo.
Insisten con forzar algún tipo de extensión de los plazos para poder debatir cambios en el proyecto de ley que llegó del Senado. La alternativa, creen, sería la paralización del organismo. Algo que no le conviene a nadie.
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