El juez Hornos fue elegido como presidente de la Cámara Federal de Casación Penal

Encabezará el máximo tribunal durante 2021 en reemplazo de su colega Angela Ledesma

Desde 2013 es también Presidente del “Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles”
Desde 2013 es también Presidente del “Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles”

El juez Gustavo Hornos quedó a cargo de la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal en 2021. Hasta ahora ocupaba la vicepresidencia primera. Con la designación de Hornos a partir del 1 de enero, cesa la titularidad de Angela Ledesma, que volverá así a integrar una de las salas del máximo tribunal.

Además de Hornos y Ledesma, Casación está integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña (Sala I); Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques (Sala II); Eduardo Riggi, Liliana Catucchi, Juan Carlos Gemignani (Sala III); y Mariano Borinsky y Javier Carbajo (Sala IV).

Tras ser elegido por sus colegas para encabezar el máximo tribunal penal del país durante un año, el juez Hornos agradeció la distinción, subrayó la responsabilidad que conlleva el cargo y enfatizó que trabajará para el fortalecimiento de las instituciones y particularmente por el aumento de la confianza en el Poder Judicial.

Según se informó, Hornos resaltó “la necesidad de consolidar los avances tecnológicos y seguir en la mejora continua del sistema de Gestión para mejorar el servicio de Justicia, facilitando el acceso con transparencia de los abogados y la sociedad toda. Hizo hincapié en procurar “las condiciones para el dictado de más sentencias oportunas y evitar retrasos injustificables”.

Los integrantes de la Cámara de Casación lo eligieron para encabezar el máximo tribunal penal del país durante un año
Los integrantes de la Cámara de Casación lo eligieron para encabezar el máximo tribunal penal del país durante un año

Quién es el elegido para presidir Casación

Hornos fue secretario federal en 1984, por concurso, y una de las causas destacadas en las que trabajó fue la reapertura del proceso por el homicidio del general chileno Carlos Prats González y su esposa, en la que se identificó e imputó como responsable del hecho al agente de inteligencia chileno Arancibia Clavel. En 2004, el caso llegó a la Corte Suprema, que declaró que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que rarificó el juzgamiento y condena de aquel agente.

Apenas asumió como fiscal federal, allanó el edificio de la avenida Inmigrantes 1950, en una investigación acerca de una asociación ilícita para cometer defraudaciones millonarias en su perjuicio, presuntamente integrada por jueces, abogados y peritos. También requirió la apertura del caso conocido como “Swiftgate”, un escándalo del gobierno menemista. Ascendido a fiscal ante la Cámara Federal, en reemplazo de Luis Moreno Ocampo, denunció al comerciante de armas Monzer Al Kassar - condenado en el caso - e impulsó extradiciones de narcotraficantes.

Desde marzo de 1995, Hornos integra la Cámara de Casación Penal y desde allí sentó jurisprudencia en grandes temas como la capacidad del querellante para acusar en juicio, el aspecto objetivo de la imparcialidad de los magistrados, el derecho al recurso frente a la condena en segunda instancia y la amplitud de la revisión de las decisiones importantes a través del recurso de casación, que luego fueron receptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Fallos “Santillán”, “Llerena”, “Duarte” y “Casal”.

Como juez de la Sala IV, ratificó las condenas las condenas del juez Miguel Trovato o de la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray. Pasaron además por sus manos las causas trágicas como “Cromañón”, LAPA y Río Tercero.

Su firma también está en el fallo que dispuso la apertura de la investigación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman presentada días antes de su muerte. O en la decisión de confirmar la prisión preventiva de la causa Oil Combustibles. Y en la ratificación de la condena de la causa Ciccone, en donde Amado Boudou fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión y que fue confirmada por la Corte Suprema.

Además de intervenir en causas como Tandanor o Banco Mayo, en la causa “IBM-DGI” elaboró la tesis jurídica de que los graves casos de corrupción resultan imprescriptibles por entender que constituyen un atentado contra el orden democrático. Desde 2013 es también Presidente del “Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles” para monitorear todas las cárceles federales del país.

Seguí leyendo