Alberto Fernández ya eligió a nueve notables juristas para integrar su Consejo de Asesores de la próxima reforma judicial. Se trata de profesores reconocidos por su trayectoria en el ámbito académico, en los Tribunales y la Casa Rosada. El Presidente aplicó un método de elección basado en la excelencia profesional, el género, los vínculos ideológicos con Cristina Fernández de Kirchner y sus propias relaciones personales.
El armado de la lista de notables fue coordinado por el actual defensor de Cristina Fernández de Kirchner en todos los casos de corrupción en las que está imputada: Carlos Alberto Beraldi. Y lo hizo en consulta permanente con el Presidente y su vice y algunos de los influyentes en el área de justicia del Gobierno nacional.
Entre las cuestiones que analizarán los notables aparecen la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el recurso extraordinario y el juicio por jurados. Sobre esas propuestas, según ha trascendido desde el gobierno nacional, deberán expedirse los expertos.
A Beraldi le dicen “Beto” y desde que asumió como defensor de la ex presidente y actual vicepresidente dejó el bajo perfil que lo ha caracterizado. Cuando el año pasado Alberto Fernández comenzó a acercarse a la ex presidente, se produjeron algunas confusiones telefónicas. A Cristina Fernández de Kirchner le pasaban un llamado de Alberto, y había que aclarar cuál de los dos era. Eso ya no pasa.
En la nómina -aún no cerrada- se encuentra Hilda Kogan, quien desde el año 2002 integra la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Antes había sido jueza federal de la seguridad social y jueza del fuero laboral de la justicia nacional.
Otras dos mujeres que integran los tribunales Superiores de provincias serían parte del Consejo. Una de ellas es María del Carmen Battaini, quien forma parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego.
Y también Claudia Sbdar, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán. Fue la primera mujer elegida para presidir el más alto Tribunal tucumano.
En la lista que pudo reconstruir Infobae se suma el histórico penalista León Carlos Arslanián, quien fuera mentor y socio de Beraldi, y uno de los jueces de la Cámara Federal que condenó a las Juntas Militares. Siempre ligado al peronismo, ocupó cargos tanto en la Nación como en la Provincia de Buenos Aires, y en los últimos tiempos tuvo a su cargo defensas como las de Alejandra Gils Carbó y Ricardo Echegaray.
Enrique Bacigalupo -otro jurista que estaría en el Consejo- es una de las más grandes figuras del Derecho argentino. Fue Procurador del Tesoro entre 1973 y 1974. Partió al exilio en España antes de la dictadura y en aquel país llegó a integrar la Sala Penal del Tribunal Constitucional español.
También sería incorporado el constitucionalista conservador Néstor Sagüés, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina y presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.
Además se sumaría Andrés Gil Domínguez, abogado litigante, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, La Pampa y Salamanca, director del Instituto del derecho constitucional del colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La lista de los nombres que circulan, y que está todavía en pleno proceso de terminado, incluye a Raúl Gustavo Ferreyra, un constitucionalista cercano a Raúl Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno de los principales soportes jurídicos del kirchnerismo. En enero pasado el ex presidente boliviano Evo Morales presentó a Ferreyra como uno de los integrantes de su equipo de defensores junto a Zaffaroni y al ex juez español Baltasar Garzón.
La conformación del Consejo Asesor es una de las dos patas de la reforma judicial que plantea el Gobierno. La otra -que se presume ingresará el lunes al Senado- es la de la modificación de la estructura de la justicia federal. Olivos presenta esta decisión política como una reforma integral, pero en realidad su principal objetivo es disminuir el poder de los jueces federales con sede en Comodoro Py que investigan casos de corrupción en la administración pública nacional.
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