Todos los gobernadores, con excepción de Alberto Rodríguez Saá (San Luis), firmaron hoy una solicitada difundida en los principales medios del país para apoyar al Gobierno en la reestructuración de la deuda emitida en divisas bajo legislación extranjera, por un monto estimado en alrededor de 67.000 millones de dólares, a cinco días del plazo para que los bonistas informen si aceptan o no la propuesta que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán.
En el texto, los mandatarios provinciales destacaron la necesidad de “hacer el mayor esfuerzo posible y dar todo el apoyo para que Argentina pueda redefinir sus compromisos de forma sostenible de modo de poder cumplir con sus obligaciones y evitar la cesación de pagos o default”.
“En un contexto mundial adverso y de alta incertidumbre por el impacto del COVID-19, la República Argentina procura ante la comunidad internacional un plan de pagos sustentable y creíble, hecho con seriedad, en base a la capacidad de pagos del país, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, desterrando cualquier tipo de especulaciones”, agregaron.
La solicitada está firmada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza), y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).
También por Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñác (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).
En otro apartado del texto, los mandatarios señalaron: “Nuestra responsabilidad es construir un gran consenso político, económico y social que nos permita cerrar con los desencuentros del pasado para lograr una Argentina unida en base a las políticas de Estado que perduren para las futuras generaciones”.
El proceso de reestructuración de la deuda sumó en las últimas semana el apoyo de empresarios, académicos, economistas y organismos internacionales, mientras que los principales grupos de acreedores mantienen una posición negativa.
En cuanto al plazo que se cumplirá el próximo viernes, Guzmán indicó en las últimas horas que "lo mejor para ambas partes es que esto se cierre ese día; si no hay arreglo el 8, la Argentina va a seguir trabajando el tiempo necesario para restaurar la sostenibilidad de la deuda”, según consignó la agencia Télam.
Además del plazo fijado para el próximo viernes para que los tenedores de deuda informen su decisión, esta semana también es clave porque vence un compromiso con el Club de París por US$ 2.100 millones. De cara a este inminente vencimiento, el miércoles pasado el presidente Alberto Fernández solicitó ayuda a la canciller Federal de Alemania, Angela Merkel, en las negociaciones que se llevan adelante para postergar este plazo por espacio de un año.
“La puse al tanto de las gestiones que llevamos a cabo para reestructurar de forma sostenible la deuda pública y le agradecí su rol fundamental en nuestras negociaciones con el Fondo Monetario. El apoyo de Alemania será también muy importante ante el Club de París”, sostuvo el Presidente al dar cuenta del contacto telefónico que mantuvo con la canciller alemana.
La propuesta de reestructuración de deuda presentada por el gobierno a los acreedores privados prevé una quita de 62% en los intereses y de algo más del 5% en el stock de capital.
Según las autoridades, la iniciativa es compatible con las recomendaciones formuladas por el FMI en informe sobre la sustentabilidad de deuda del país, en la que determinó que para ser sustentable en el tiempo debería contener un recorte de entre 50.000 millones de dólares a 85.000 millones de dólares.
Más allá de la fecha del 8 de mayo, los analistas de mercado están atentos a lo que denominan como el “Día D”, que es el 22 de mayo próximo, cuando vence el período de gracia del pago de compromisos por US$ 500 millones que el gobierno debió haber abonado en abril y que postergó por espacio de un mes en el marco de la propuesta de renegociación en curso.
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