"Siempre pasó y va a seguir pasando". El diagnóstico de un importante funcionario de la provincia de Buenos Aires sobre lo que ocurre estas horas en las localidades de Moreno y La Plata, en donde se repitieron las tomas de terrenos, no es auspicioso. Es más, grafica una lógica de funcionamiento interno que desnuda y combina internas políticas y necesidades primarias insatisfechas.

En la capital provincial las tomas se multiplicaron. De acuerdo con un relevamiento del diario El Día, se registraron cerca de 20 casos en los últimos meses, algunos en la zona de Melchor Romero y Villa Elvira. En Moreno, en tanto, 15 personas resultaron heridas por el enfrentamiento de policías y los ocupantes de un terreno de 230 hectáreas, en donde se encuentra la Universidad de Morón.
Por el momento, en la gobernación bonaerense minimizan los conflictos. "En todos los casos se ocupa el municipio primero, cuando hay una orden judicial de desalojo recién ahí interviene la Policía de la provincia con ayuda de Desarrollo Social", señalaron a Infobae funcionarios del gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal. Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo, aseguran que en ambos casos la situación se encuentra en manos de la justicia.
Sin embargo, los incidentes en Moreno, distrito comandado por kirchnerista Walter Festa, encendieron las alarmas en el entorno de Vidal. "Creemos que son focos específicos donde hay conflictos con la policía. No creemos que haya un efecto contagio en todo el conurbano, salvo que haya intenciones de agitar eso. Si fuese más cerca de diciembre sería de temer", se sinceró un dirigente bonaerense de Cambiemos a este medio.
El temor, efectivamente, es que haya un efecto contagio. Por ejemplo, el intendente de Lanús, el macrista Néstor Grindetti, ordenó realizar una auditoría de la situación social del distrito y los posibles focos de conflicto en terrenos que no tienen un uso específico en la actualidad.

Tanto en la gobernación bonaerense como en Casa Rosada vinculan estos incidentes a maniobras políticas del kirchnerismo, y lo asocian también con las amenazas que recibieron el presidente Mauricio Macri y Vidal.
En las últimas horas, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, insistió en este concepto. En una entrevista con radio Vórterix afirmó que aunque "todavía no hay elementos que permitan indicar la existencia de un complot, sí aparecen personas vinculadas al gobierno anterior".
"Creo que de algún modo no se acostumbraron al cambio de gobierno, al declive del sector al que pertenecía, sobre todo por las denuncias de corrupción. Se trata de generar conflictos, exacerbar diferencias, que es la forma en la que el gobierno anterior gobernó, sobre todo en los últimos años. Están exacerbado conflicto donde no debiera haber. Es una lástima. El país lo tenemos que mejorar entre todos", agregó.
Con relación a las tomas en La Plata, la primera tuvo lugar en un predio ubicado entre las calles 159, 161, 523 y 524, mientras que el segundo –aún sigue ocupado- sucedió en un terreno localizado entre 92 y 116.
Consultado al respecto, el titular de la Fiscalía N°6 de La Plata, Marcelo Romero, explicó: "Cuando las tomas son masivas, nunca son improvisadas ni espontáneas; todos los detalles están planificados por punteros políticos con alguna información calificada, que no aparecen por el lugar sino que envían personeros. Cuando un terreno está en sucesión o conflicto, siempre alguien hace circular esa información, y allí apuntan".
La situación es Moreno es diferente. La gobernación espera que con la orden judicial la policía bonaerense vuelva desalojar el predio que ya había liberado el pasado sábado, en forma pacífica. Sin embargo, tras el operativo ordenado por el intendente Walter Festa, a instancias del juzgado de Garantías Nº1, a cargo de Adriana Julián, la tensión se reavivó y 50 desconocidos, al parecer no vinculados a la primera usurpación, atacaron con palos y piedras a 14 agentes bonaerenses de los 50 que habían montado una guardia mínima.
Como antecedente se puede mencionar el conflicto en Merlo a principios de año. Unas 1500 familias ocuparon un terreno durante cuatro meses, pero debieron retirarse del lugar luego de un operativo que denunciaron como "ilegal" y represivo.
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