Exservidora del Gobierno Regional del Cusco es condenada por ofrecer S/ 2.000 ocultos en plato de cuy

Una exservidora del Gobierno Regional del Cusco fue sentenciada a tres años y cuatro meses de prisión efectiva tras ser hallada responsable de intentar sobornar de una forma peculiar a un funcionario con el propósito de favorecer la contratación de familiares en la institución. La condena fue obtenida por la Fiscalía Anticorrupción de Cusco, que acreditó la comisión del delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

La decisión judicial también contempla sanciones económicas y administrativas contra Marisol Torres Taipe, además de ordenar su captura para que cumpla la pena impuesta. La medida fue adoptada luego de que la exfuncionaria incumpliera las condiciones fijadas previamente por el juzgado durante el proceso.

El intento de soborno quedó al descubierto

El caso se remonta al 19 de enero de 2019, cuando Torres Taipe trabajaba como secretaria de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Cusco. Según la investigación fiscal, ese día entregó al entonces director del área una vianda con una bandeja de cuy, dentro de la cual había escondido una billetera de la marca Renzo Costa.

En el interior de la billetera se encontraron S/ 2.000 en efectivo y una relación con datos personales que buscaba orientar futuras contrataciones. De acuerdo con las investigaciones, el dinero tenía como finalidad influir en las decisiones del funcionario respecto a procesos de incorporación de personal.

Buscaba beneficiar a cuatro familiares

La Fiscalía determinó que el objetivo de la entrega era conseguir que cuatro familiares directos de la entonces trabajadora fueran favorecidos con puestos de trabajo en la entidad pública. Entre ellos figuraban su hijo mayor y el padre de sus hijos menores.

El entonces director de Recursos Humanos rechazó el dinero apenas descubrió su contenido. Posteriormente, encaró a la trabajadora y puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, lo que dio inicio a la investigación que culminó con la sentencia condenatoria.

Condena incluye multa, inhabilitación y orden de captura

Además de la pena privativa de libertad, el órgano jurisdiccional dispuso cinco años de inhabilitación para ejercer o acceder a cualquier cargo público. Asimismo, fijó el pago de 425 días multa, equivalentes a S/ 3.293,75, y una reparación civil de S/ 3.000 a favor del Estado.

Durante el proceso, Torres Taipe no cumplió con cancelar una caución de S/ 3.000 impuesta previamente por el juzgado. Ante ese incumplimiento, el Poder Judicial dejó sin efecto las reglas de conducta que la beneficiaban y desestimó su solicitud para reemplazar el pago con la entrega de un vehículo. Como consecuencia, ordenó la ejecución provisional de la sentencia y dispuso su inmediata ubicación y captura para su internamiento en un establecimiento penitenciario.

Estos son los candidatos al gobierno regional de Cusco

En la región Cusco competirán representantes de partidos políticos de alcance nacional y de movimientos de ámbito regional. Los candidatos inscritos son:

• Verónika Fanny Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos)
• Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular)
• Héctor Acurio Cruz (Ahora Nación)
• Wilfredo Parhuay Huamán (Frepap)
• Edgar Américo Ochoa Pezo (Frente Regional Túpac)
• T’ika Luizar Obregón (Demócrata Verde)
• Roy Alex Mescco Callañaupa (País para Todos)
• Iván Vladimir Aparicio Arenas (PRIN)
• John Nelson Loayza Ayma (Todo con el Pueblo)

Delito de cohecho

En el Perú, el acto de sobornar a un servidor del Estado está tipificado bajo el término legal de cohecho. La sanción penal varía según el rol de la persona involucrada, dividiéndose en dos frentes. Por un lado, el particular que ofrece, promete o entrega la coima comete el delito de cohecho activo genérico, el cual se sanciona con una pena privativa de la libertad que oscila entre los 4 y 6 años si se busca que el empleado viole sus obligaciones, además de la correspondiente inhabilitación para contratar con el Estado y días-multa. Por otro lado, si la acción involucra específicamente a un miembro de la Policía Nacional o magistrados del sistema de justicia, las consecuencias legales se endurecen considerablemente para el ciudadano corruptor.

Desde la perspectiva del empleado estatal que acepta, recibe o solicita el dinero o beneficio indebido, se configura el delito de cohecho pasivo. Si el funcionario acepta el soborno para realizar un acto ilícito o incumplir sus deberes (cohecho pasivo propio), la legislación peruana impone una pena de cárcel de 5 a 8 años, junto con una inhabilitación severa para ejercer cualquier cargo público. En cambio, si el beneficio se recibe para efectuar una tarea propia de sus funciones sin faltar a su obligación (cohecho pasivo impropio), la sanción se fija entre los 4 y 6 años de prisión, consolidando un marco punitivo estricto dentro de los delitos contra la administración pública en el territorio nacional.