Jorge Montoya denuncia al juez Jorge Chávez Támariz: pide su destitución ante la JNJ por inaplicar ley de lesa humanidad

Jorge Montoya, congresista y actual candidato al Senado por el partido Sí Creo, busca la destitución del juez Jorge Chávez Támariz. La denuncia disciplinaria, presentada este lunes ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), responde a la decisión del magistrado de inaplicar la polémica “Ley de Impunidad” (Ley 32107), que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.

De acuerdo al parlamentario, la actuación del magistrado constituye una falta grave que atenta contra el Estado de derecho y la disciplina institucional. Sostuvo que ignoró una norma vigente impulsada por el Congreso para brindar una solución jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional procesados por hechos ocurridos durante el periodo de violencia terrorista.

“Estamos pidiendo la destitución, que es lo que corresponde. De la investigación pueden derivarse también juicios penales por la falta cometida”, declaró Montoya.

El legislador enfatizó que la decisión del juez afecta directamente a más de 20 familias de uniformados, asegurando que se han “rebuscado” casos de 1983 para “sacarlos a la luz” permanentemente. En una de sus afirmaciones más duras, Montoya aseveró que la resistencia de algunos magistrados a aplicar la Ley 32107 “denota una penetración del Poder Judicial por el terrorismo” y una falta de interés de la sociedad por resolver la situación jurídica de los militares.

El caso Luis Lara Poma: El origen de la discordia

La denuncia contra Chávez Támariz tiene su origen en el proceso por el presunto asesinato de Luis Lara Poma, ocurrido en 1983 en Andahuaylas (Apurímac). En este caso, se investiga a exmiembros de la desaparecida Guardia Republicana —Jesús Cano, Rómulo Reyes, Edgar Segovia y Julio Altamirano— por el crimen del ciudadano.

El pasado 17 de marzo, el juez Chávez Támariz emitió una resolución en la que utilizó la figura del control difuso. Bajo este mecanismo constitucional, el magistrado dispuso inaplicar la ley impulsada por el Congreso en este caso específico, argumentando que su deber es garantizar que los hechos continúen bajo una investigación adecuada y asegurar el cumplimiento del derecho internacional.

La resolución del juez Chávez Támariz se basa en la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En su fallo, el magistrado dejó sentados puntos clave que contradicen la tesis legislativa:

• Anticonvencionalidad: El juez señaló que la prescripción de delitos de lesa humanidad contraviene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), específicamente el caso Barrios Altos vs. Perú.
• Derecho a la Verdad: Sostuvo que el derecho de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la justicia no puede verse limitado por plazos prescriptivos nacionales que impidan la sanción de crímenes atroces.
• Normas Ius Cogens: Citando la Convención de Viena, el magistrado concluyó que las normas de derecho internacional imperativo (ius cogens) son inderogables por leyes internas.

La denuncia de Montoya ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, en plena campaña para las elecciones de 2026. Para diversos especialistas en temas judiciales, la solicitud de destitución representa una amenaza directa a la independencia judicial, ya que se pretende sancionar a un juez por el sentido de sus decisiones jurisdiccionales.

Por otro lado, desde sectores afines, se defiende que el Congreso es el único órgano con facultad legislativa y que los jueces no pueden “rebelarse” ante las leyes aprobadas por el soberano.