Gobierno suma a la UIF, Migraciones y el sistema penitenciario para definir cómo se gastará el presupuesto contra el crimen organizado

En medio del avance del crimen organizado en el Perú, el Gobierno decidió ampliar el número de instituciones que participarán en la definición de cómo se gastará el presupuesto en seguridad ciudadana. La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que crea un grupo de trabajo multisectorial encargado de diseñar un programa técnico para orientar el uso del dinero público.

La novedad no está solo en la creación del equipo, sino en quiénes podrán participar. Además de las entidades tradicionales, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial, la norma incorpora a actores vinculados al control financiero, migratorio y penitenciario.

Este enfoque apunta a un problema cada vez más visible: el delito ya no es solo robos o asaltos, sino redes organizadas que mueven dinero, cruzan fronteras y operan incluso desde cárceles.

El dinero ilegal, un frente clave en la lucha contra mafias

Uno de los actores que se suma como invitado es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su rol es seguir el rastro del dinero sospechoso, especialmente en casos de lavado de activos.

Su inclusión en el diseño del gasto responde a una realidad: muchas organizaciones criminales no solo cometen delitos, sino que también manejan grandes cantidades de dinero que buscan ingresar al sistema formal.

Casos recientes lo demuestran. La Policía identificó que ‘Los Injertos del Cono Norte, organización criminal vinculada a extorsiones, movió más de cinco millones de soles mediante depósitos fraccionados, transferencias y uso de identidades de terceros. Parte de ese dinero incluso fue enviado al extranjero.

Este tipo de operaciones evidencia que el crimen organizado no solo actúa con violencia, sino también con estrategias financieras. Por eso, el enfoque del nuevo grupo de trabajo incluye analizar cómo el presupuesto público puede destinarse a detectar y frenar estos flujos ilegales.

Migraciones y el componente internacional del delito

Otro actor considerado es Migraciones. Su participación responde al carácter cada vez más transnacional del crimen.

El robo de oro ocurrido en la Costa Verde, por ejemplo, ha sido vinculado a redes asociadas a minería ilegal, una de las economías criminales más grandes del país. Según estimaciones, esta actividad mueve miles de millones de dólares y está conectada con otras actividades ilícitas.

En este tipo de delitos, los involucrados no siempre permanecen en el país. Pueden moverse entre fronteras o enviar dinero a otros territorios para evitar ser detectados.

Por ello, el control migratorio y el seguimiento de movimientos de personas se vuelve clave. La inclusión de esta entidad en el grupo de trabajo apunta a que el diseño del gasto considere también estos factores.

Cárceles en crisis y delito que se organiza desde dentro

El sistema penitenciario es otro punto crítico. La norma permite la participación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un contexto marcado por crisis institucional, fugas y denuncias de corrupción.

En enero, en menos de dos semanas, dos internos lograron escapar mientras estaban hospitalizados bajo custodia. Estos casos evidenciaron fallas en los protocolos de seguridad fuera de los penales.

Además, se ha documentado que muchas redes criminales continúan operando desde las cárceles, coordinando extorsiones y otros delitos.

El Gobierno incluso decidió reemplazar al INPE por una nueva entidad, en medio de cuestionamientos por desorden interno y falta de control.

Incluir al sistema penitenciario en el diseño del gasto busca enfrentar este problema desde la raíz: mejorar la capacidad de control y reducir la influencia de las mafias desde el interior de los penales.

Un enfoque más amplio, pero sin impacto inmediato

Pese a esta ampliación de actores, la medida no implica cambios inmediatos en la seguridad ciudadana. El grupo de trabajo tendrá hasta 330 días para elaborar un informe técnico con propuestas sobre cómo invertir el presupuesto.

No se crean nuevas operaciones policiales ni se anuncian acciones concretas en calles o barrios. Además, el equipo funcionará sin presupuesto adicional.