La Contraloría General de la República inició una investigación formal en la Municipalidad de Comas tras una denuncia por presunto uso indebido de recursos públicos y represalias laborales vinculadas al partido Podemos Perú. Extrabajadores acusan a la gestión de la alcaldesa Carmen Mónica Acuña Jara de condicionar la permanencia en sus cargos a la realización de actividades proselitistas, tanto en redes sociales como en eventos partidarios.
Mediante el Oficio N° 000116-2026-CG/OC2175, el órgano de control notificó oficialmente este 23 de marzo a la alcaldesa encargada, Carmen Mónica Acuña Jara, la conformación de un equipo dirigido por Lida Emérita Sánchez Leiva y Elsa Milagros Lucen Valverde. El objetivo es recopilar información sobre la “neutralidad electoral y participación del recurso humano en procesos electorales”, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Directiva N° 019-2022-CG/GMPL.
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En el documento, se solicita a la autoridad municipal que brinde todas las facilidades necesarias al equipo acreditado para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. La actuación se enmarca en las normas de control gubernamental y responde a la necesidad de esclarecer la utilización de recursos y personal del municipio durante la presente campaña electoral.
¿Por qué la Contraloría interviene?
La intervención de la Contraloría ocurre tras la difusión de un reportaje de Punto Final que recogió testimonios de extrabajadores municipales. Según las declaraciones, la administración de Acuña Jara habría instaurado un sistema de presión directa: “Si no apoyas a Podemos, no trabajas con nosotros”.
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Los afectados relatan que, desde enero de este año, la permanencia en sus puestos dependía de la creación de cuentas falsas en TikTok, Facebook y Google, con la finalidad de simular apoyo masivo a la alcaldesa y a candidatos del partido, como el excongresista Arón Espinoza.
De acuerdo con una de las denunciantes, la exigencia era concreta: cada trabajador debía abrir al menos cinco cuentas apócrifas y compartir contenidos políticos, bajo amenaza de despido. Los subgerentes municipales monitoreaban la actividad en redes sociales y tomaban nota de quienes no cumplían con la consigna para proceder a su desvinculación al final de sus contratos.
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El esquema de coacción no se limitaba al entorno digital. Los testimonios señalan que empleados municipales eran obligados a asistir como “portátiles” a mítines y eventos partidarios, en Comas y otros distritos, para inflar la presencia de simpatizantes. Un evento destacado fue el mitin del 10 de marzo, encabezado por Arón Espinoza, candidato a la Cámara de Diputados, en el que Ricardo Chacón Acuña, hijo de la alcaldesa, actuó como maestro de ceremonias.
Las órdenes de asistencia, según las fuentes, provenían de subgerencias estratégicas como Salud y Programas Sociales, responsables de los padrones de beneficiarios de los programas sociales municipales.
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Además, el reportaje periodístico documentó actividades oficiales de la alcaldesa junto a Miguel Saldaña, exalcalde de Comas y actual operador político del partido, cuya condena por negociación incompatible fue recientemente ratificada por el Poder Judicial. Pese a su inhabilitación para postular, Saldaña participa en actos proselitistas y se muestra en eventos públicos junto a la burgomaestre.
Consultada por el dominical, la alcaldesa negó conocer o haber instruido alguna forma de presión política sobre los trabajadores municipales. Respecto a la participación de su hijo en campañas partidarias y la presencia de empleados en mítines, la autoridad edil evitó responder de manera directa, atribuyendo la responsabilidad a otras áreas o personas.
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No obstante, los testimonios recogidos indican que quienes aceptaron afiliarse a Podemos Perú recuperaron sus puestos, mientras que aquellos que se negaron a sumarse a la “portátil” digital o presencial fueron desvinculados de la municipalidad al finalizar sus contratos en febrero.
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