Finalmente, luego de dos años de espera en los que el Perú no contó con un plan de seguridad ciudadana, el gobierno del presidente José María Balcázar promulgó oficialmente el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028. Una acción que el mandatario definió como “un paso fundamental” frente al crecimiento de la delincuencia.
La decisión fue promulgada por medio del Decreto Supremo N° 001-2026-IN, que aparece firmado por todo el Consejo de Ministros, y establece lineamientos obligatorios para que todos los niveles de gobierno enfrenten la problemática de inseguridad ciudadana.
De acuerdo con la norma que aprueba el nuevo plan, la estrategia impulsa una acción nacional que prioriza la colaboración entre instituciones y la cobertura completa del territorio. Todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tienen la obligación de cumplir estos lineamientos en su respectivo ámbito.
El plazo máximo para activar los sistemas de monitoreo y análisis es de diez días hábiles a partir de la publicación del decreto, utilizando recursos ya asignados en el presupuesto nacional.
Dar detalles sería “advertir al delincuente”
Durante su intervención, el presidente Balcázar también aseguró que no daría detalles sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente porque “no podemos decir los detalles en concreto porque sería advertir al delincuente qué es lo que vamos a hacer en concreto”.
Según el mandatario, el documento contiene “los marcos generales en este plan de cómo el país debe saber que un Estado democrático y liberal enfrenta con la ley y con las armas de la democracia. No hay otro objetivo, es recuperar el orden, fortalecer el principio de autoridad y garantizar que la ley prevalezca en el territorio nacional".
Al comunicar la decisión durante un evento oficial, el presidente Balcázar subrayó el carácter democrático del plan. “Este plan no contiene un plan autoritario extremo que pretenda dañar la figura democrática en la región y en el mundo”, declaró durante la presentación oficial.
Balcázar enfatizó que la lucha contra el delito no puede restringirse a la función policial o ministerial. Señaló la responsabilidad directa y simultánea del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario en la ejecución del plan. Argumentó que la eficacia en materia de seguridad se logra mediante la articulación íntegra de estas instituciones.
Rol de las universidades y medidas legislativas complementarias
El presidente anunció la convocatoria a todas las facultades de Derecho del país. Considera vital su participación para fortalecer el marco normativo y evitar que los delincuentes avezados sigan evadiendo la justicia.
“Vamos a convocar a todas las facultades de Derecho del país, porque debemos tener un plan B legislativo para que no se sigan escurriendo los delincuentes avezados”, anunció durante su evento oficial.
La financiación del plan utilizará los recursos públicos ya aprobados en el presupuesto vigente. No se prevén incrementos en el gasto estatal para la implementación de las medidas.
El presidente reiteró que afrontar la delincuencia requiere preservar la democracia y fortalecer el principio de autoridad a través de políticas públicas coordinadas. Las medidas adoptadas buscan consolidar el respeto a la ley y la legitimidad institucional, diferenciándose de cualquier tentativa de negociación con la criminalidad.
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