A las 2 de la madrugada, una detonación alteró el silencio del distrito de La Esperanza, en Trujillo. Un artefacto explosivo estalló frente a una vivienda ubicada en el sector 2 del asentamiento humano Wichanzao, donde reside una familia dedicada a la agricultura. El ataque ocurrió pese al estado de emergencia vigente en la provincia y dejó daños materiales visibles, además de un mensaje claro de intimidación.
El atentado no surgió de manera aislada. Detrás del estallido aparece una exigencia directa: el pago de 60 mil soles bajo amenazas de muerte. La propietaria del inmueble relató que desde días previos recibía advertencias, primero mediante una carta y luego con una demostración de fuerza que puso en riesgo a toda su familia, incluidos menores de edad.
El estallido causó temor en la zona y despertó a vecinos que salieron de sus viviendas en medio de la confusión. La explosión afectó no solo a la casa atacada, sino también a otros predios cercanos, lo que incrementó la sensación de inseguridad en un distrito golpeado por la extorsión y los ataques con explosivos.
Explosión frente a una vivienda familiar
El ataque ocurrió en la madrugada, cuando un sujeto llegó caminando hasta el inmueble de dos pisos y dejó el artefacto explosivo en la puerta principal. Tras retirarse a toda prisa, se produjo la detonación. La onda expansiva dobló parte de la puerta de madera, dañó la cerámica del piso y alcanzó a un refrigerador ubicado en el ingreso de la vivienda. Cuatro predios cercanos registraron roturas de vidrios en sus ventanas.
Vecinos del sector señalaron que el estruendo resultó intenso y se escuchó a varias cuadras. El hecho se produjo a corta distancia de la Comisaría Jerusalén y del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la municipalidad distrital, lo que generó cuestionamientos sobre la efectividad de la vigilancia policial en la zona.
La víctima, natural del distrito de Sayapullo, en la provincia de Gran Chimú, detalló que siete días antes del ataque recibió un sobre que contenía dos balas y una exigencia económica. Según su testimonio, los delincuentes solicitaron 60 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.
“Mis niños se han asustado y no sabíamos a dónde correr”, expresó la mujer tras el atentado. También dejó claro que no piensa acceder a la exigencia económica. “La semana pasada pusieron un sobre con dos balas. No le hicimos caso, porque no tenemos para darle. Me han amenazado de muerte”, remarcó.
La afectada indicó que se encuentra en proceso de construcción de su vivienda y que, hasta el momento, no presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional, una situación frecuente entre víctimas de extorsión que temen represalias.
Cercanía policial y sensación de impunidad
El ataque ocurrió a escasas cuadras de dependencias policiales y municipales. Vecinos del sector sostuvieron que la cercanía de estos locales no disuade a las bandas criminales. El estallido, registrado cerca de las 2:27 a. m., reforzó la percepción de impunidad con la que operan los delincuentes en La Esperanza.
La familia afectada se suma a una lista creciente de víctimas de extorsión en Trujillo, donde los ataques con explosivos se repiten como mecanismo de presión para obtener pagos ilegales.
Origen de los explosivos usados en extorsiones
El brigadier en retiro Ángel Santoyo explicó el tipo de material empleado por las bandas criminales en la ciudad. “En Trujillo se empezó con el cartucho de dinamita, que es muy diferente al cartucho de emulsión, de ahí han empezado a poner cartuchos de emulsión de 3000 de color rojo, de 5000 que son de color amarillo, y también usan granada de guerra de uso militar”, indicó.
De acuerdo con especialistas, este tipo de explosivos procede de la minería ilegal y circula en el mercado negro. Una investigación de Connectas e IDL Reporteros reveló que toneladas de explosivos salen del país de manera formal con destino a Bolivia y luego retornan como contrabando por la frontera, principalmente por la zona de Desaguadero, en Puno.
En el Perú existen nueve empresas que fabrican explosivos de uso civil, y siete de ellas los exportan. Famesa Explosivos S.A.C. figura como uno de los principales fabricantes, con plantas en territorio peruano y en Chile. Los cartuchos de emulsión resultan claves en la extracción ilegal de oro, ya que permiten volar rocas en socavones informales.
La ruta identificada para el traslado de estos insumos parte del Callao y recorre Ica, Nasca, Arequipa y Puno, hasta llegar a La Paz. Desde ese circuito, el material regresa al país de forma clandestina y termina en manos de organizaciones criminales que extorsionan a familias en zonas urbanas como La Esperanza.
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