El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) formalizó la culminación del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental para los subsectores de Vivienda y Construcción, competencias que hasta ahora correspondían al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
Según la Resolución del Consejo Directivo N° 00032-2025-OEFA/CD, el OEFA asumirá oficialmente estas funciones el 2 de febrero de 2026, lo que representa un retraso de aproximadamente un año y ocho meses respecto al cronograma original fijado para el segundo trimestre de 2024.
OEFA asume Vivienda y Construcción tras casi dos años de retraso
Antes de 2023, el OEFA ya fiscalizaba sectores clave como minería (mediana y gran minería), hidrocarburos, electricidad, pesca industrial, industria manufacturera, agricultura (incluidos organismos vivos modificados) y residuos sólidos.
A partir del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, el Estado dispuso un cronograma progresivo para transferir nuevas competencias de fiscalización ambiental a OEFA, con el objetivo de lograr una cobertura más integral y homogénea en todo el país.
Según el cronograma original:
- Educación: OEFA debía asumir funciones en el I trimestre de 2024 y lo concretó ese mismo año.
- Vivienda y Construcción: Programado para el II trimestre de 2024, recién se formaliza para el 2 de febrero de 2026 (retraso de 1 año y 8 meses).
- Saneamiento: Previsto también para el II trimestre de 2024, sigue pendiente y fue prorrogado hasta junio de 2026.
- Justicia: Programado para el II trimestre de 2024, se terminó de transferir en marzo de 2025.
- Salud: Previsto para el III trimestre de 2024, sigue en transición (con excepción de funciones ya transferidas bajo el Decreto Legislativo N° 1278).
- Defensa: Programado para el IV trimestre de 2024; en noviembre de 2025, OEFA extendió el plazo hasta el 30 de junio de 2026 mediante Resolución N° 00030-2025-OEFA/CD.
- Cultura: Previsto para el IV trimestre de 2024, OEFA asumió funciones en este sector a fines de 2024.
- Transportes y Comunicaciones: Programados para el II trimestre de 2025, ambos subsectores tienen prórroga hasta junio de 2026.
¿Qué es el OEFA y por qué asume más sectores?
El OEFA es un organismo técnico especializado del Ministerio del Ambiente de Perú, encargado de evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las normas ambientales en sectores clave como minería, energía e industria, asegurando un equilibrio entre la actividad económica y la protección del medio ambiente, y también aplica incentivos para el buen desempeño ambiental.
Es importante que el OEFA asuma más sectores porque centraliza y especializa la fiscalización, eliminando conflictos de interés donde el mismo ministerio promueve y sanciona, asegurando mayor neutralidad, rigurosidad técnica y coherencia, protegiendo mejor el medio ambiente y la salud pública frente a actividades económicas que impactan negativamente, y consolidando un sistema más fuerte y unificado en Perú.
¿Qué fiscalizará el OEFA en el sector Vivienda y Construcción?
En lo que respecta a Vivienda y Construcción, el OEFA orienta su fiscalización al control del impacto ambiental de grandes proyectos de infraestructura y actividades relacionadas, como la generación de ruido por construcciones y la gestión de residuos.
Mientras las municipalidades mantienen competencia sobre ruidos domésticos, el OEFA supervisa el cumplimiento de normas ambientales en actividades económicas del sector, verifica obligaciones establecidas en instrumentos de gestión ambiental (IGA) y controla operaciones de gran envergadura, incluidas las asociadas a minería e infraestructuras eléctricas.
Respecto a los residuos de construcción y demolición, aunque las municipalidades tienen atribuciones, el OEFA puede intervenir cuando su gestión afecta el ambiente o incumple la normativa. Su labor se centra en asegurar que las grandes actividades del sector y las infraestructuras de vivienda respeten la normativa ambiental, coordinando acciones con autoridades locales y sectoriales para proteger el derecho a un ambiente saludable.
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