Un reportaje de Epicentro TV documentó este drástico cambio en la geografía ucayalina y la manera en que la deforestación avanza de la mano del narcotráfico y la minería ilegal en zonas donde el Estado ahora planea construir infraestructura.
La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista fujimorista Jenny López Morales, representante de Ucayali y presidenta de la Comisión Agraria. Como ocurrió con otros coautores del proyecto, no ofreció respuestas sobre las razones para promover una vía en un territorio donde confluyen cultivos ilegales, concesiones madereras cuestionadas y el tránsito de mochileros vinculados al tráfico de drogas.
A ello se suma el rol de algunas autoridades locales, como el alcalde provincial de Atalaya, que promueven activamente la integración con Brasil como una oportunidad comercial, pese a que la evidencia disponible indica que estas rutas también favorecen a redes criminales transfronterizas.
Oposición de comunidades indígenas
La implementación de una vía que conecte a las comunidades indígenas con Brasil podría parecer, en apariencia, un proyecto orientado al desarrollo. En el Congreso, la propuesta fue aprobada por una abrumadora mayoría y exonerada de segunda votación. Sin embargo, los parlamentarios omitieron considerar la opinión de quienes serían los directamente afectados por la nueva carretera: las comunidades indígenas.
Lejos de respaldar la iniciativa, los pueblos indígenas la rechazan. Incluso, comunidades de Perú y Brasil han conformado una Comisión Transfronteriza para visibilizar sus reclamos y advertencias sobre los impactos que traerá la carretera.
“Somos indígenas y también somos peruanos. No queremos ser maltratados, por eso se ha formado la Comisión Transfronteriza, para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, para recordar que los bosques no están en venta y que el río no es un negocio. Es nuestro río, donde vivimos”, señaló un líder indígena peruano de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya, que representa a 28 territorios de 13 pueblos indígenas de Perú y Brasil, en declaraciones a Mongabay.
Un corredor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal
El trazo de la UC-105 atraviesa territorios donde se ha consolidado una economía ilícita articulada con mercados brasileños. Investigadores, monitores ambientales y líderes indígenas coinciden en que la carretera se superpone a zonas donde ya operan organizaciones criminales que controlan cultivos, rutas y pistas clandestinas. El monitoreo satelital de organizaciones de la sociedad civil muestra que, en sus inmediaciones, se han detectado múltiples narcopistas y áreas de reciente deforestación conectadas entre sí por nuevas trochas forestales.
El análisis satelital revela un patrón consistente: la infraestructura ilegal crece a medida que avanza la apertura de caminos. En varios tramos, los sembríos de coca se encuentran a pocos kilómetros —o incluso metros— del trazo de la carretera. También se han identificado zonas con actividad minera incipiente, lo que confirma que el área concentra no solo cultivos ilegales, sino también procesos de transformación de droga y explotación aurífera informal. Para las organizaciones especializadas, esta dinámica reproduce un modelo ya observado en otras regiones amazónicas, donde la habilitación de infraestructura formal termina facilitando la logística de las economías criminales.
Las preocupaciones trascienden el ámbito nacional. Autoridades judiciales brasileñas han confirmado que el Comando Vermelho —una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica— opera en territorio peruano, especialmente en la frontera de Ucayali con Acre. El territorio en disputa ya no responde a una sola actividad ilícita, sino a un sistema económico diversificado: el dinero del narcotráfico sostiene la minería ilegal, la ocupación de tierras, la extracción maderera y otras actividades que transforman de manera irreversible la Amazonía.
Expertos en seguridad de Brasil advierten que, ante la débil presencia estatal, la construcción de nuevas carreteras podría acelerar procesos de ocupación ilegal similares a los registrados en otras partes de la región.
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