Comisión Permanente inhabilita a Delia Espinoza: la fiscal revela los abusos que habría sufrido en el proceso

¿Dictadura parlamentaria? La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Además, autorizó que la Fiscalía inicie una investigación en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

La magistrada fue acusada de firmar un documento que establecía lineamientos para los fiscales y la Policía Nacional del Perú (PNP) en materia de investigación, hecho que, según los parlamentarios que presentaron la denuncia, significaba negarse a acatar la ley que devuelve la conducción de la investigación preliminar a la PNP.

Tras conocer la decisión de la Comisión Permanente, Espinoza denunció una serie de arbitrariedades cometidas en su contra y advirtió que, según dijo, esta medida podría traer consecuencias para los congresistas que la respaldaron.

“Y si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura parlamentaria”, denunció.

Pero, ¿cuáles son los vicios, que, según Delia Espinoza, cometió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente en su contra?

La denuncia era contra los cuatro fiscales supremos

La primera observación que plantea Espinoza contra los parlamentarios es que la denuncia constitucional contemplaba una sanción para toda la Junta de Fiscales Supremos, integrada por los cuatro magistrados: Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Delia Espinoza.

Sin embargo, cuando se votaron las denuncias contra Ávalos, Villena y Sánchez, las abstenciones fueron mayores, lo que implica que la definición del caso se dará en otro momento. En esas votaciones, la bancada de Fuerza Popular no participó; mientras que en Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Acción Popular, la mayoría optó por abstenerse.

Pero cuando llegó el turno de votar sobre Delia Espinoza, el escenario cambió. La mayoría de grupos parlamentarios se inclinó a favor de la sanción.

“Están corriendo contra mí. A los demás colegas los han salvado. Pero contra mí, sí. ¿Por qué? Porque es venganza. Es venganza política”, advirtió Espinoza.

La Junta de Fiscales Supremos no decide

Otra de las observaciones que planteó Espinoza —coincidiendo con la defensa de los otros tres fiscales supremos— es que la Junta de Fiscales Supremos no es la encargada de aprobar las directivas institucionales.

Es decir, los lineamientos sobre la conducción de la investigación preliminar —motivo central de la denuncia— no fueron elaborados por la Junta. Según indicó Espinoza, la Subcomisión tenía conocimiento de ello.

La SAC no se transmitió en vivo

Delia Espinoza también cuestionó que la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se debatió el informe final que recomienda su sanción, no fuera transmitida en vivo. Afirmó que ello vulnera el debido proceso y podría anular la decisión.

“Ya han atropellado bastante mis derechos fundamentales, porque desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no se nos ha permitido actuar como debe ser, con un debido proceso congresal. Incluso, recordarán muchos que se interrumpió. No quisieron que se transmita en vivo. (...) Y todo eso ha generado nulidades y no han querido declarar nulidad”, advirtió.

Programan debate final de sanción a Delia Espinoza

El Pleno del Congreso debatirá este miércoles 3 de diciembre el informe final de la Denuncia Constitucional 528 contra la fiscal suprema Delia Espinoza, un proceso que podría marcar un precedente dentro del Ministerio Público. De acuerdo con lo programado por el Consejo Directivo, la Comisión Permanente iniciará la sesión a las 10:00 a. m. para analizar el documento que recomienda inhabilitarla hasta por diez años para el ejercicio de la función pública.

El informe plantea además acusarla por la presunta comisión de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, delitos tipificados en los artículos 361, 376, 418 y 438 del Código Penal. También se propone el levantamiento de su fuero, a fin de que pueda ser investigada y procesada por el Poder Judicial.

El debate tendrá un tiempo total de una hora para los tres casos agendados ese día, el cual será distribuido entre los distintos grupos parlamentarios. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a las implicancias institucionales y políticas del proceso, que se desarrolla en medio de cuestionamientos cruzados entre el Congreso y el Ministerio Público. La votación del Pleno definirá si Espinoza deberá enfrentar un proceso penal ordinario y quedar apartada de la función pública durante una década.