El Gobierno de José Jerí anunció un proyecto ambicioso destinado a reformar de manera estructural el sistema carcelario peruano, cuyo punto central es la desaparición del actual Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser sustituido por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Esta medida se incluye dentro del pedido de delegación de facultades legislativas por 60 días presentado al Congreso de la República, buscando implementar acciones urgentes contra la crisis de seguridad y la criminalidad organizada.
La necesidad de un cambio radical planteó interrogantes que fueron abordadas por las más altas figuras del Ejecutivo, quienes reconocieron que las estructuras operativas del sistema han sido rebasadas por la corrupción y el avance del crimen organizado.
El mandatario fue el primero en anunciar la decisión de transformar el sistema, señalando el colapso institucional como una realidad heredada y agudizada. Jerí coincidió con las críticas que apuntan al debilitamiento institucional a lo largo de varias administraciones, reconociendo que la corrupción interna había convertido a los penales en centros de operación criminal.
Al referirse a la operatividad de las mafias dentro de los centros de reclusión, el mandatario hizo alusión directa a las prácticas ilícitas que incluyen el cobro de tarifas por celdas, traslados de pabellón y la obtención de bienes prohibidos como licor y celulares. “El INPE va a desaparecer,” afirmó en entrevista con Beto Ortiz.
Posteriormente, desde el Congreso, a donde acudió para sustentar el pedido de delegación de facultades, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, enfatizó que la creación de la SUNIR se trata de una medida con perspectiva de Estado, destinada a perdurar más allá de la actual gestión.
“Se trata de dotar de una nueva institución que garantice la seguridad de los penales y la distribución correcta de los internos, para evitar que los de suma peligrosidad se mezclen con los reos primarios,” indicó.
Reconoció la dificultad de concretar la reforma en el periodo solicitado, pero subrayó la importancia de iniciar el proceso: “Posiblemente, no lleguemos a su concreción, pero queremos dejar los cimientos para que el próximo gobierno siga desarrollando la idea y la implemente a cabalidad”.
Por su parte, el ministro de Justicia proporcionó los detalles técnicos de la reforma, indicando que la SUNIR se plantea como un organismo modernizado con una arquitectura más especializada y mayores estándares operativos.
“La propuesta de creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización es una apuesta por modernizar y por fortalecer lo que es el sistema penitenciario... El cambio... es la fusión de dos entidades, que es el Instituto Nacional Penitenciario y el Programa Nacional de Centros Juveniles”, mencionó en entrevista con Canal N.
Sostuvo que con ello se busca la unificación de la política nacional penitenciaria y la política nacional de adolescentes en conflicto con la ley penal, eliminando las duplicidades para crear un “sistema funcional coherente y moderno”. Además, que la reforma contempla cambios en la estructura interna para mejorar la gestión administrativa y la eficiencia en el uso de recursos, incluyendo la eliminación del consejo directivo del INPE.
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