En un esfuerzo por reforzar la protección de los bosques amazónicos y garantizar el desarrollo de las comunidades que dependen de ellos, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) firmó un convenio de colaboración con WWF Perú. El acuerdo, anunciado este 1 de septiembre en Lima, busca implementar acciones conjuntas para impulsar la gobernanza forestal y promover un modelo sostenible en territorios indígenas y concesiones forestales.
La alianza tiene como finalidad acercar la gestión pública a los usuarios del bosque —principalmente pueblos indígenas originarios y comunidades locales— a través de un enfoque preventivo y orientativo. Según explicó Williams Arellano Olano, jefe del Osinfor, se trata de consolidar un sistema que priorice el aprovechamiento responsable de los recursos, evitando prácticas que pongan en riesgo los ecosistemas y garantizando, al mismo tiempo, el bienestar de las familias amazónicas.
Fortalecimiento de capacidades en comunidades amazónicas
El convenio, que tendrá una vigencia de tres años, busca fortalecer capacidades locales con pertinencia cultural y enfoque territorial. Se estima que beneficiará a más de 30 comunidades indígenas y alrededor de 50 concesiones forestales, tanto maderables como no maderables, en las que WWF ya desarrolla proyectos de acompañamiento técnico. El objetivo es que los propios habitantes de la Amazonía lideren su desarrollo y adopten prácticas de gestión forestal sostenible.
Kurt Miguel Holle Fernández, director país de WWF Perú, destacó que la mejor forma de conservar los bosques es trabajando de manera directa con quienes viven de ellos y los protegen día a día. Bajo este esquema, la cooperación con Osinfor permitirá seguir impulsando el cumplimiento de la legislación forestal, generando un mayor conocimiento de las normas entre los usuarios y garantizando así el uso responsable de los recursos naturales.
Otro de los puntos claves de este acuerdo es la puesta en valor de los mecanismos de compensación de multas forestales, que convierten las sanciones en oportunidades de mejora. A través de ellos, comunidades con deudas pendientes pueden realizar acciones de restauración en áreas degradadas o proyectos de conservación de fauna y patrimonio forestal, transformando los pasivos en beneficios concretos para el territorio.
Informe de la FCDS alerta que agricultura, minería y coca impulsan la deforestación amazónica
El reporte “Deforestación, cambio de uso de la tierra y actividades ilegales en la Amazonía peruana”, elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierte que entre 2001 y 2023 el país perdió más de 3 millones de hectáreas de bosques, una superficie equivalente a once veces el tamaño de Lima. El documento precisa que el 49% del área deforestada se convirtió en terrenos agrícolas y pecuarios, mientras que apenas un 43% muestra procesos de regeneración natural. Además, cerca de 1.45 millones de hectáreas fueron arrasadas en territorios sin una tenencia de tierra claramente definida, lo que ha favorecido el ingreso de actividades sin control.
El estudio identifica al cultivo de hoja de coca como uno de los principales motores de la deforestación, sobre todo en parcelas de menos de cinco hectáreas que se multiplican en distritos con fuerte presencia de economías ilegales. Esta práctica tiene un impacto directo en la cuenca del Ucayali, que concentra el 45% de la pérdida amazónica desde 2001.
La situación se agrava en la Amazonía Sur, donde la minería ilegal ha devastado más de 388 mil hectáreas en Madre de Dios y zonas aledañas de Cusco y Puno, principalmente en Tambopata, Manu y Tahuamanu, durante los últimos cinco años.
El informe de la FCDS señala que el 19% de la deforestación nacional corresponde a territorios de comunidades indígenas, lo que representa más de 582 mil hectáreas arrasadas por invasiones, tráfico de tierras, tala ilegal, minería y presión de cultivos ilícitos que afectan directamente sus modos de vida. En contraste, las áreas naturales protegidas y las concesiones destinadas a conservación, ecoturismo y reforestación muestran una mayor resiliencia, ya que menos del 5% de la deforestación amazónica se produjo en estos espacios donde existen mecanismos de administración y vigilancia más sólidos.
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