
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó este miércoles la salida del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, pese a que el Ministerio Público lo señala como presunto cabecilla de una organización criminal y enfrenta 12 investigaciones fiscales.
Consultado por RPP sobre la continuidad del titular del portafolio, el premier respondió afirmativamente y le brindó su respaldo. “(Él) participa en representación institucional de su sector. No ejercemos labores políticas ni personales; actuamos conforme a los lineamientos de la presidenta y a las políticas de gobierno”, declaró.
Arana diferenció la idoneidad para ejercer un cargo de las acusaciones en curso. “Las denuncias fiscales son consecuencia de su gestión en el Ministerio del Interior. Ingresó al cargo sin antecedentes, pero durante su permanencia surgieron estos procesos. Consideramos que, con el tiempo, se esclarecerán con un resultado desfavorable”, añadió.
El primer ministro también aseguró que Santiváñez responderá a cualquier requerimiento fiscal. “Hoy el ministro de Economía fue citado, asistió, pero el fiscal le comunicó que no había tiempo y reprogramaron la diligencia. Todos los ministros estamos obligados a presentarnos ante la justicia y el Congreso”, dijo.

Según la Fiscalía, el titular de Justicia lideraría una red dedicada a favorecer contrataciones, exigir pagos indebidos a generales de la Policía Nacional (PNP), encubrir actos irregulares y gestionar documentación falsa para aparentar arraigo laboral en beneficio de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado. También se le acusa de ocultar pruebas al trasladar cajas y equipos de impresión a un estudio jurídico.
El Ministerio Público sostiene que la presidenta Dina Boluarte habría instruido a Santiváñez para asegurar contratos laborales a su hermano. En diciembre de 2024, el ministro habría solicitado, desde la oficina de Tenorio Abogados, un pago de 20 mil dólares a cambio de mantener en el cargo a un general de la PNP.
Respuesta de Boluarte
Previamente, la mandataria rechazó la nueva investigación fiscal contra su hermano, quien desde 2024 enfrenta otra investigación por presunta pertenencia a la red criminal denominada ‘Los waikis (amigos) en la sombra’, supuestamente dedicada al tráfico de influencias para nombramiento de cargos públicos.
Boluarte criticó a la Fiscalía por actuar sin fundamentos y acusó a algunos fiscales y jueces de formar parte de un poder oculto que busca desestabilizar su gobierno. “Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, dijo.
“Yo sé que no es contra él el tema, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza, ni al chantaje, ni a la venganza, ni al rencor. Sé que quieren desestabilizar al Gobierno, pero desde acá, desde la casa de todos los peruanos, les digo a esos fiscales y jueces que esta presidenta es más valiente de lo que ustedes imaginan y no les tengo miedo”, continuó.
Los allanamientos se realizaron luego de que, el pasado domingo, el programa televisivo Panorama revelara un presunto conflicto de intereses de Santiváñez durante su etapa como ministro del Interior. Según la investigación, se habrían realizado varios operativos policiales en la minera El Dorado que beneficiaron a uno de los clientes del estudio jurídico del actual ministro de Justicia.
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