Ley de amnistía en Perú: Ángel Delgado, la voz del Estado ante la Corte IDH en casos Barrios Altos y La Cantuta

El Gobierno del Perú designó a Ángel Delgado Silva, presidente del colectivo de ultraderecha Coordinadora Republicana y actual jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, como representante del Estado en la audiencia pública que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza este martes sobre las masacres de Barrios Altos y la Cantuta, en el marco de la controvertida ley de amnistía.

¿Quién es Ángel Delgado?

El abogado no solo lidera un colectivo ultraconservador, sino que también mantiene vínculos con actores clave de la extrema derecha en el Perú y en el extranjero.

Es fundador y vicepresidente de la Asociación Frente Democrático, cuyo tesorero es el empresario Erasmo Wong, dueño de Willax. En marzo de 2023, esta asociación, junto con la Fundación Disenso (creada por el partido español VOX), organizó en Lima el Foro Madrid, que reunió a referentes de la ultraderecha latinoamericana y europea, según IDL-Reporteros.

Además, Delgado ha participado en actividades del grupo radical “La Resistencia, Dios Patria y Familia”, liderado por Juan Muñico, alias Maelo. En 2023 fue expositor en un foro que planteaba incluso el retiro del Perú de la CIDH.

También estuvo presente en un “acto de desagravio” a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, pese a las investigaciones en su contra por corrupción en el caso Valquiria.

En el ámbito político, Delgado estuvo afiliado a Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) y, desde 2024, milita en Avanza País.

La Ley de Amnistía y el rechazo internacional

La polémica se centra en la Ley Nº 32419, promulgada el 13 de agosto por el Gobierno de Dina Boluarte, pese a la advertencia de la CIDH de suspender su trámite por ser incompatible con tratados internacionales. La norma concede amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, PNP y comités de autodefensa procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Su alcance incluye a quienes no tengan sentencia firme y a mayores de 70 años con condena cumplida o en ejecución, siempre que no hayan sido procesados por terrorismo ni corrupción. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), más de un millar de personas podrían beneficiarse, entre ellas responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.

La presidenta Boluarte defendió la ley como un acto de justicia hacia quienes “cargaron con juicios interminables e injustos” y advirtió que el Perú “no permitirá intromisiones internas o externas” que busquen “distorsionar la historia”.

Barrios Altos y La Cantuta

Ambos casos, ocurridos en la década de 1990 en el Perú, fueron perpetrados por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte vinculado al aparato de inteligencia del Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori, y hasta hoy son recordados como símbolos de impunidad y violencia.

El primer episodio ocurrió el 3 de noviembre de 1991, en el jirón Huanta, en Barrios Altos, Lima. Aquella noche, un grupo de seis hombres encapuchados y armados irrumpió en una vivienda donde se realizaba una pollada para recaudar fondos. Los atacantes confundieron la reunión con un encuentro clandestino de militantes de Sendero Luminoso. La acción terminó en una masacre: quince personas fueron asesinadas, entre ellas un niño de apenas ocho años, y otras cuatro resultaron gravemente heridas.

El segundo hecho tuvo lugar el 18 de julio de 1992, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. En la madrugada, nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados de sus residencias por integrantes del Grupo Colina. Días después, sus cuerpos aparecieron en fosas clandestinas, algunos de ellos calcinados, lo que dificultó su identificación. La operación fue planificada y ejecutada bajo la lógica de la “lucha contra el terrorismo”, pero quedó demostrado que las víctimas no tenían vínculos con grupos armados.

En 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. La Corte IDH calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y prohibió cualquier intento de amnistía.

Lo que está en juego en la audiencia

Este miércoles 21 de agosto, la Corte IDH celebrará en Costa Rica una audiencia pública sobre el impacto de la Ley de Amnistía. El tribunal revisará si el Estado peruano está incumpliendo su obligación de garantizar justicia y reparación a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

Para la CIDH, el Perú es uno de los Estados con más desacatos a sus sentencias, lo que refleja un retroceso en materia de derechos humanos y una negación de justicia para las víctimas y sus familias, quienes han esperado más de tres décadas.