El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, ubicado en el distrito de Miraflores, enfrentó un episodio de controversia tras conocerse que su director, Alberto Gonzales, requirió a médicos, enfermeras y demás trabajadores que informaran, mediante una encuesta, sobre su religión, según un reciente informe de Punto Final, dominical de Latina Noticias.
La instrucción quedó registrada en un memorando fechado el 6 de mayo de 2025, dirigido al jefe de personal, Ronald Alejo Zárate, con el objetivo de elaborar una base de datos que incluyera esta información de todo el personal, sin distinción de modalidades contractuales.
La directiva incluyó la coordinación con la oficina de logística para asegurar el correcto procesamiento de los datos y, posteriormente, demandó a la oficina de bienestar que trabaje conjuntamente con una iglesia evangélica para “definir la línea de trabajo” en función de los resultados de la encuesta. Días después, el 20 de mayo, el jefe de personal instó a los jefes de departamento a entregar la información sobre la religión de cada trabajador antes del 23 de mayo.
Esta acción generó la reacción de especialistas en derecho y de representantes de los trabajadores. Juristas consultados señalaron que la solicitud de información religiosa contraviene los principios de la Constitución Política del Perú, que garantiza el derecho a la libertad de creencias y prohíbe cualquier obligación de revelarlas, más aún en un entorno laboral público o privado.
Explicaciones y controversias
La dirección del hospital emitió un nuevo documento recién el 26 de mayo aclarando que la encuesta era opcional y respondía a fines de “promover la pluralidad de cultos”, tras la polémica desatada por la instrucción anterior. Sin embargo, el proceso había avanzado, generando inquietud sobre el alcance y manejo de los datos recabados.
En diálogo con el referido dominical, el director Gonzales argumentó que la información buscaba identificar la pluralidad de creencias en la institución y ofreció como justificación la intención de crear espacios para distintas expresiones religiosas.
“Fue por la pluralidad. No estamos direccionando a nadie a nada. La pregunta era abierta, para saber si hay necesidad en el personal para que se le dé espacios”, dijo Gonzales.
“Es una pregunta voluntaria y en un ánimo de clima laboral. La pluralidad no estaba visibilizada en el hospital. Esa información nos incumbe para una lógica de clima laboral y una apertura para la pluralidad”, agregó el director.
La comunicación oficial y las precisiones posteriores, sin embargo, no disiparon las interrogantes sobre el carácter voluntario ni sobre los procedimientos de manejo de datos sensibles.
La situación se enmarcó en un contexto de dificultades internas del hospital, donde también se reportaron casos de tuberculosis entre el personal clínico, restricciones alimentarias para los trabajadores y limitaciones en el acceso a bebidas y al descanso durante los turnos. Estas condiciones, junto a la controversia por la encuesta religiosa, situaron al hospital y a su directiva en el centro del debate público.
“A un director, funcionario público no le debe importar y no tiene por qué saber qué religión profesan los trabajadores, sean de entidades privadas o públicas”, dijo el abogado García Lazo a Punto Final.
“El tema central es que esto es contrario a la constitución política del Estado…nadie puede ni siquiera indagar qué tipo de religión tengo yo…Ni qué religión profeso y menos en mi centro de trabajo”, dijo por su parte el letrado Castillo.
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