Un adolescente de 16 años, identificado con el alias “Cachaco”, afronta por primera vez en Ventanilla un proceso penal como adulto tras ser capturado durante un operativo policial que desarticuló a la banda criminal denominada “Los del Carmen de Icaza”. La intervención ocurrió en plena zona urbanizada de Ventanilla, donde agentes de la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Norte arrestaron tanto al menor como a una joven de 18 años, alias “Panquita”.
Según información policial, ambos intervenidos integraban una organización dedicada a delitos de extorsión, microcomercialización de drogas y atentados contra la integridad de sus víctimas en el Callao, así como en distritos limítrofes como Puente Piedra. El jefe de la brigada especial, Roger Cano, explicó que el adolescente cumplía un rol clave para la estructura: grababa videos incriminatorios y ejecutaba los ataques contra víctimas de extorsión. “Las organizaciones criminales buscan menores para utilizarlos en estos hechos, confiando en su supuesta impunidad”, afirmó Cano a TV Perú Noticias.
Durante el operativo, la policía incautó casi un kilo de marihuana en la vivienda donde capturó a “Panquita” y un revólver que portaba el menor detenido en el momento de su arresto.
Menores de 16 y 17 años ahora pueden ser penalmente responsables
El caso de “Cachaco” se tramitará bajo la Ley 32330, promulgada en mayo, que modificó los artículos 20 y 22 del Código Penal peruano para incorporar a adolescentes de 16 y 17 años como sujetos procesables penalmente como adultos en casos de delitos graves. Entre los ilícitos considerados en ese grupo figuran el terrorismo, homicidio calificado, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico, robo agravado, trata de personas y violación sexual.
La reforma señala que estos jóvenes dejan de ser únicamente intervenidos o derivados a la fiscalía de familia para responder ante la justicia penal ordinaria. La fiscalía penal coordina directamente las investigaciones y procedimientos para este tipo de infractores, de modo que, como explicó el jefe policial Cano, “el menor ahora está siendo investigado y juzgado como si fuera un mayor de edad”.
La medida implica que adolescentes implicados en delitos como extorsión o narcotráfico pueden recibir penas similares a las que corresponden a los adultos, aunque se preservan matices en la ejecución de la sanción. En los delitos graves, como los atribuidos a la banda “Los del Carmen”, pueden imponerse penas privativas de libertad de entre 6 y 8 años de internación.
Enfoque penitenciario y reinserción diferenciada
La Ley 32330 establece lineamientos específicos para el tratamiento penitenciario de los adolescentes procesados como adultos. Si bien se mantendrá la privación de libertad para los condenados, la gestión carcelaria procurará separar de manera estricta a los internos de 17 a 21 años de los mayores de 21, formando grupos homogéneos según el grado de clasificación del penado.
El enfoque apunta a la individualización científica e integral del tratamiento, adaptando actividades educativas, culturales, familiares, deportivas y laborales a las necesidades particulares de cada joven privado de libertad. El programa busca fomentar la participación activa del interno en la construcción de su proceso de reinserción social.
Posturas en el Congreso de la República
Desde el Congreso, el parlamentario José Luna Gálvez, impulsor de la reforma, defendió la nueva normativa subrayando la instrumentalización recurrente de menores por parte del crimen organizado. “Sabemos que los delincuentes más peligrosos recurren a menores para ejecutar asesinatos por encargo, secuestros y actividades de narcotráfico. Esto debe detenerse de inmediato”, manifestó. Luna Gálvez aseguró que el endurecimiento de sanciones responde a la imperiosa necesidad de “restituir el principio de autoridad” y lanzar un mensaje tajante contra la impunidad de los delitos graves, sin importar la edad de los implicados.
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