Este lunes 9 de junio, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, firmó el Tratado de Alta Mar (BBNJ) durante su participación en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), celebrada del 7 al 11 de junio en Niza, Francia. El acuerdo busca la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en altamar, más allá de las 200 millas náuticas.
El evento y la firma del tratado fueron presentados como un hito para la proyección internacional del país y la protección de los ecosistemas oceánicos. No obstante, la asistencia de la mandataria ha generado controversia debido al costo de 149 mil soles que demandó su desplazamiento junto a una comitiva de siete funcionarios, entre ellos Carmen Giordano, testigo clave en el caso ‘Rolex’.
Asimismo, mientras se suscribe un tratado internacional en nombre de la sostenibilidad, múltiples informes revelan que el mar peruano continúa afectado por pesca ilegal, contaminación petrolera y desprotección sistemática a lo largo de la gestión de Boluarte, la presidenta con peor imagen en Sudamérica.
670 embarcaciones chinas, GPS apagados y sanciones desiguales en altamar
Desde 2023, diversas investigaciones han documentado la presencia creciente de embarcaciones pesqueras chinas en las inmediaciones del dominio marítimo del Perú. En julio de 2024, pescadores artesanales denunciaron que al menos 670 naves extranjeras habrían incursionado en aguas peruanas. Algunas de ellas no cuentan con sistemas GPS activos o los apagan por largos periodos, como el caso del buque ‘Hong Run 55’, que desapareció del radar durante 36 horas antes de atracar en el puerto del Callao.
De acuerdo con el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), desde mayo de 2023 se registró el ingreso de 235 barcos chinos sin cumplir con el sistema de seguimiento satelital exigido por las normativas peruanas. La denuncia también apunta a la falta de fiscalización efectiva por parte del Ministerio de la Producción (Produce), lo que ha generado malestar en el sector pesquero local.
En contraste, los pescadores peruanos denuncian ser sancionados con severidad por no portar dispositivos satelitales, mientras que las flotas extranjeras operan sin mayores consecuencias. “Al peruano le aplican la ley, al extranjero lo consideran”, declaró el presidente del gremio de pescadores, Javier Querevalú, en septiembre de 2024.
El impacto de estas prácticas ha repercutido directamente en el precio del calamar gigante (pota), uno de los productos marinos más consumidos y exportados del país. A finales de 2024, el kilo de pota llegó a costar hasta S/ 20 en mercados de Lima, y su escasez afectó a comerciantes y consumidores.
Derrames de petróleo sin respuesta y oficios ignorados por la Presidencia
El manejo del mar peruano bajo la gestión de Boluarte también ha estado marcado por episodios de contaminación ambiental sin atención inmediata del Ejecutivo. En agosto de 2023, la Municipalidad de Ventanilla envió un oficio a la Presidencia de la República solicitando una reunión para tratar los efectos persistentes del derrame de petróleo de Repsol ocurrido en 2022. Según las declaraciones del gerente ambiental del municipio, el oficio no fue respondido por la mandataria ni por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Meses después, en diciembre de 2024, se reportó un nuevo derrame de hidrocarburos en las playas del distrito de Lobitos, Piura, afectando al menos 10 mil metros cuadrados de litoral. La Fiscalía de Medio Ambiente (FEMA) abrió una investigación a Petroperú, empresa estatal involucrada en el incidente. La fauna marina — tortugas, cangrejos, pulpos y aves — fue gravemente afectada, y las autoridades locales exigieron indemnización para los pescadores perjudicados.
En ambos casos, los pedidos de acción no han tenido hasta ahora una respuesta oficial de alto nivel. El silencio frente a estos eventos ha sido duramente cuestionado por organizaciones ambientales, gobiernos locales y pescadores artesanales.
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