¿Dina Boluarte está tomando represalias contra el Ministerio Público? Para el vocero de la institución, Víctor Cubas, la reducción del presupuesto asignado es una muestra de que la presidenta no está contenta con las carpetas fiscales que afronta.
Cubas indicó que, pese al incremento de los casos de extorsión, sicariato y el avance del crimen organizado, que tienen que ser atendido con urgencia por el Ministerio Público, el Ejecutivo redujo en un 4 %, a comparación de 2024, el presupuesto asignado para la institución este año. Asimismo, que cuando se solicitó una partida adicional, el Ministerio de Economía y Finanzas se negó al pedido. El MEF contestó que “no contaba con los recursos” para acceder al requerimiento.
“Este presupuesto está absolutamente recortado e indudablemente tenemos derecho a pensar que el poder Ejecutivo ha tomado una represalia en contra del Ministerio Público y de esta manera le impide el normal ejercicio de sus funciones. (...) El 2024 el Ministerio Público tuvo un presupuesto de 3 mil 44 millones, indudablemente, que en este año el presupuesto debería ser superior, porque son superiores las demandas de prestación de servicios en el ámbito de administración de justicia”, declaró en RPP.
El exfiscal supremo lamentó la situación que enfrenta el Ministerio Público y explicó que, antes de la aprobación de la ley, solicitó al Ejecutivo un presupuesto de 150,000 millones de soles. Sin embargo, de esa cifra, solo se asignó una quinta parte, es decir, 2,900 millones. Pero, ¿cómo afecta la falta de recursos a las investigaciones de los fiscales en casos relacionados con el crimen organizado? Cubas lo explicó de la siguiente manera.
“El Ministerio Público es un órgano constitucional encargado de investigar. Pero, la investigación requiere de un apoyo logístico, por ejemplo, requiere de tener apoyo pericial, requiere implementar laboratorios de ciencias forenses. El elevado índice de asesinatos requiere que haya una diligencia esencial, que es la necropsia de ley, tiene que haber morgues. (...) El Ministerio Público, con el presupuesto escaso que tiene, no puede implementar esto y lo que tiene implementado no es suficiente para la demanda que hay, dado el elevado índice de criminalidad”, remarcó.
Poco presupuesto para un alto índice de extorsiones
En el caso de las extorsiones, Cubas indicó que estos delitos demoran en procesarse porque los recursos económicos que tienen no son suficientes.
“Para una investigación de este tipo de delitos se requiere hacer allanamientos de domicilio, interceptación telefónico, levantamiento del secreto bancario, pero eso tiene un costo y, generalmente, el Ministerio Público carece de los recursos para atender esas demandas”, comentó.
En 2024, la Policía Nacional registró más de 19,000 denuncias por extorsión en todo el país. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reportó que solo 1,233 delincuentes fueron encarcelados por este delito, de los cuales apenas 640 contaban con sentencia condenatoria.
Por otro lado, durante sus intervenciones en el breve Cuarto de Guerra, la presidenta Dina Boluarte responsabilizó al Ministerio Público por la liberación de los criminales detenidos por la Policía. En respuesta, el vocero de la institución aclaró que los detenidos en flagrancia son principalmente procesados por delitos comunes, como conducir en estado de ebriedad, y que menos del 1 % de los arrestos corresponden a delitos relacionados con el crimen organizado.
“El poder Ejecutivo pretende sostener que todos los detenidos en flagrancia son agentes de la comisión de delitos propios del crimen organizado y que el Ministerio Público los deja en libertad y eso no es así. En flagrancia caen, por ejemplo, personas que están conduciendo vehículos estando en estado de ebriedad, personas que cometen delitos culposos, accidentes de tránsito, que dan lugar a lesiones o a homicidio culposo. Pero no caen, por ejemplo, los cabecillas de bandas criminales, los extorsionadores que tienen temblando a toda la población. El índice de detenciones en flagrancia correspondiente a estos delitos es insignificante. Es menos del 1%”, concluyó.
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