La desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia alcanzó un nuevo pico en el Perú. En medio de un escenario marcado por asesinatos diarios, extorsiones en aumento y una percepción generalizada de impunidad, una reciente encuesta muestra cifras alarmantes: el 89% de los peruanos desconfían de jueces y fiscales. Este resultado refleja no solo una crisis institucional, sino también un quiebre profundo entre la ciudadanía y quienes deben proteger sus derechos.
Las calles de Lima y otras regiones del país se han convertido en escenarios de violencia recurrente. A diario se registran muertes por encargo, extorsiones y robos, mientras las decisiones judiciales son cuestionadas con frecuencia por permitir la liberación de presuntos criminales. En este contexto, la población se siente desprotegida y, en muchos casos, opta por limitar sus desplazamientos o incluso considera abandonar el país.
El sondeo realizado por la empresa Datum para el diario El Comercio revela que la desconfianza hacia las autoridades del sistema judicial no es un fenómeno aislado. El 70% de los encuestados desconfían de la Policía Nacional y el 57% del Serenazgo, mientras que las Fuerzas Armadas logran una percepción más equilibrada, con un 49% de confianza frente a un 47% de desconfianza.
Las cifras muestran un deterioro continuo. En noviembre de 2024, el 19% decía confiar en los jueces y el 16% en los fiscales. Ahora, solo un 9% mantiene esa postura.
Crece percepción de impunidad
El 28% de los consultados considera que jueces y fiscales son los principales responsables del auge de la inseguridad. Esta visión fue alimentada desde el Ejecutivo y el Congreso, donde sectores conservadores responsabilizan directamente al Poder Judicial por la liberación de detenidos. La presidenta Dina Boluarte cuestionó públicamente decisiones judiciales.
“La PNP capturó a estos criminales y ¿qué hace el juez? Los libera. ¿Y qué creen que van a hacer estos delincuentes? ¿No van a seguir robando, matando y extorsionando?”, señaló la mandataria al referirse a un caso registrado en Huancayo, donde fueron detenidos los implicados en el asalto a una oficina de la Sunass. Un agente de seguridad resultó herido durante el atraco.
Extorsiones en aumento y ciudadanos atemorizados
La violencia se instaló en la rutina diaria. Según los registros del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), durante el primer trimestre del año se reportaron 2.656 casos de extorsión en Lima Metropolitana. Las cifras mensuales muestran un incremento constante: 880 denuncias en enero, 855 en febrero y 921 en marzo. Estos datos superan ampliamente los reportados en los mismos meses de 2022, 2023 y 2024.
La inseguridad también modificó los hábitos cotidianos. El 48% de los encuestados evita salir de casa o caminar por su barrio. Además, el 42% asegura que algún miembro de su familia ha sido víctima de un delito, cifra que en Lima alcanza el 50%. A esto se suma un 47% que conoce personalmente a alguien afectado por extorsión.
El impacto más dramático de la criminalidad se refleja en los homicidios. Hasta el 17 de abril, se registraron 640 muertes violentas, lo que representa un promedio de ocho fallecidos por día. De continuar esa tendencia, el año 2025 podría cerrar con cifras similares o incluso superiores a las de 2017, uno de los más críticos en materia de violencia.
Desde el inicio del actual Gobierno, el 7 de diciembre de 2022, los datos oficiales contabilizan 4.270 homicidios. La situación se ha intensificado al punto de que el 36% de los encuestados considera la posibilidad de emigrar por razones de seguridad. Se trata de un dato que revela la profundidad del problema y su impacto emocional en la población.
El estado de emergencia vigente en Lima y Callao no logra modificar la percepción pública. Según Datum, el 54% cree que esta medida no mejorará la seguridad y el 41% estima que la situación seguirá igual. La presidenta Boluarte ordenó una prórroga de la emergencia por 30 días más y anunció el fin del llamado “cuarto de guerra” en Palacio de Gobierno, donde se monitoreaban las acciones de respuesta a la criminalidad.
Canales de emergencia PNP
PNP recuerda a la ciudadanía la importancia de actuar con prontitud en situaciones urgentes. Para ello, se puede comunicar sin demora con la Central de Emergencias al número 105.
Con el fin de facilitar este contacto, la PNP ha implementado un canal adicional a través de WhatsApp. Los ciudadanos pueden enviar mensajes a los números 942 479 506 y 964 605 570, lo que asegura una respuesta rápida ante emergencias.
Es crucial que, si eres testigo o víctima de un delito o acto de violencia, lo reportes de inmediato. La PNP está comprometida a brindar una atención ágil y eficaz para garantizar la seguridad de todos.
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