El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), bajo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ha incautado un total de 40.087 metros cúbicos (m³) de productos forestales maderables de procedencia ilegal entre enero y abril de este año. Esta cantidad equivale a 16.996.284 pies tablares (Pt.) con un valor comercial estimado de S/.63.749,74.
La mayor parte de la madera decomisada corresponde a especies como Lupuna (Ceiba pentandra), Pashaco (Schizolobium parahyba) y Ubos (Spondias venosa Mart. ex Colla), provenientes principalmente de las regiones de Huánuco y Ucayali, y con destino final en la región Lima.
Este operativo se enmarca dentro de un esfuerzo intensificado de control forestal en el puesto de Control Estratégicoderechos, en la jurisdicción de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Sierra Central del Serfor. Este punto de control, ubicado en una de las zonas más críticas del país debido al aumento del tráfico ilegal de madera, ha sido clave en la ejecución de operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
La implementación de operativos sorpresivos y la incorporación de más especialistas en control forestal han sido fundamentales para detectar modalidades ilegales de transporte, como el camuflaje de madera dentro de vehículos sin la documentación necesaria que certifique su legalidad.
Multas por tala de madera ilegal pueden llegar a las 5.000 UIT
El Ing. Román Condori Pineda, Administrador Técnico de la ATFFS Sierra Central del Serfor, destacó que el camuflaje es una de las prácticas más comunes para trasladar productos forestales ilegalmente. “Es fundamental continuar fortaleciendo las labores de control y fiscalización”, expresó Condori.
Una de las principales herramientas para verificar la legalidad del transporte de madera es la revisión de la Guía de Transporte Forestal (GTF). El Ing. Luis Mendoza, responsable del puesto de control estratégico de La Oroya, explicó que si este documento no incluye todos los productos transportados, declara un volumen inferior al real o se detectan excedentes, los productos se consideran de origen ilegal, lo que constituye una infracción grave. Las sanciones por estas faltas varían entre S/ 53.500 y S/ 26.750.000, dependiendo de la gravedad del caso, con multas que van desde 10 hasta 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Tras el proceso administrativo, la madera incautada pasa a ser propiedad del Estado y es destinada a instituciones públicas mediante donaciones. En la región Junín, esta política ha permitido que diversas municipalidades entreguen mobiliario escolar de calidad a instituciones educativas vulnerables, elaborado con los productos forestales decomisados.
Comunidades indígenas luchan contra la tala ilegal y el narcotráfico en la Amazonía peruana
El apu Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), expresó su preocupación por la falta de acción del Gobierno para proteger a las comunidades indígenas en la Amazonía peruana, que enfrentan constantes amenazas de grupos dedicados a economías ilegales como el narcotráfico y la tala ilegal. Cusurichi destacó que estas comunidades, que defienden más de 18 millones de hectáreas de bosques, siguen sin recibir apoyo efectivo a pesar de las alertas a las autoridades sobre estos peligros.
A pesar de las amenazas, las comunidades han comenzado a organizarse mediante guardias indígenas y otros mecanismos de vigilancia, como veedores forestales. Sin embargo, para que estas estrategias sean efectivas, Cusurichi indicó que se necesita un mayor presupuesto y equipamiento adecuado, como embarcaciones y sistemas de monitoreo en tiempo real. Mientras tanto, la Reserva Indígena Kakataibo, ubicada entre las regiones de Loreto, Ucayali y Huánuco, ha perdido más de 1.500 hectáreas de bosque debido a la expansión de cultivos ilegales de hoja de coca, relacionados con el narcotráfico.
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