Crimen de Andrea Vidal y red de prostitución en el Congreso sin respuesta: declaraciones evasivas en la Fiscalía blindan a los responsables

Se van a cumplir cuatro meses del asesinato de Andrea Vidal en un atentado en la Victoria y la investigación no tiene resultados. Ni la Policía Nacional del Perú, ni el Ministerio Público han avanzado en la tarea de capturar a los asesinos detrás del crimen y el panorama no es muy alentador.

Según un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece, efectivos de la PNP accedieron a información personal de la abogada meses antes de su asesinato. Al ser consultados, no supieron indicar el motivo. Pese a que en declaraciones previas, los generales Óscar Arriola y Víctor Zanabria declararon que la Policía está cerca de dar con los responsables del crimen. Sin embargo, la realidad es otra.

Falta de equipos, cámaras inoperativas y la oscuridad de la noche, parecen convertir la muerte de Andrea Vidal en ‘el crimen perfecto’. “Estamos ahogados en un vaso de agua”, reveló una fuente policial al semanario.

Sin embargo, este no es el único caso que quedaría sin resolver. La muerte de Andrea Vidal destapó una presunta red de prostitución al interior del Congreso de la República. Según un reportaje de Willax, la abogada era la encargada de encontrar un puesto en el parlamento a las jóvenes que participarían de esta supuesta red de explotación sexual.

Cuando se destapó el escándalo, las miradas voltearon al jefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, quien también era jefe de Andrea Vidal.

Silencio parlamentario

En este momento, se están llevando a cabo dos investigaciones. La primera, bajo la responsabilidad de la Fiscalía de la Nación, se centra exclusivamente en el congresista Alejandro Soto Reyes y sus posibles vínculos con extrabajadoras del Congreso. La segunda investigación, por su parte, está dirigida a Jorge Torres Saravia por su presunta implicación en el delito de explotación sexual.

Sin embargo, una trama de silencio institucional parece envolver al Congreso de la República. Mientras las investigaciones intentan arrojar luz sobre la posible vinculación de varios congresistas y altos funcionarios con una presunta red de prostitución, el silencio de los trabajadores del Legislativo ha sido un obstáculo significativo para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

A lo largo de los últimos meses, el Ministerio Público ha avanzado en la investigación sobre el asesinato de Andrea Vidal, pero el encubrimiento y la falta de colaboración de muchos testigos, incluidos sus excompañeros de trabajo, han obstaculizado el avance del proceso.

Según las fuentes cercanas a la investigación, los empleados del Congreso que han sido citados por la Fiscalía en su mayoría han optado por mantenerse callados, rehusándose a colaborar con las autoridades. Pese a que algunos de los citados supuestamente dijeron tener una relación cercana con Andrea Vidal.

Por ejemplo, Isabel Cajo, la exmodelo de Only Fans, que fue contratada y recibía una remuneración de más de 7 mil soles, evitó responder la mayoría de las preguntas ante la Fiscalía. Su justificación fue que cualquiera de sus respuestas la podría incriminar.

La abogada trujillana Karla Ruiz afirmó que tiene una amistad de larga data con Jorge Torres. En tanto, Alexandra Gil afirmó que las acusaciones sobre una presunta red de prostitución eran parte de un complot orquestado por trabajadores “envidiosos” en su contra, así como contra sus amigas Andrea e Isabel.

Blindaje en Fiscalización

Ni Isabel Cajo ni Alexandra Gil, ambas señaladas como parte de la presunta red de prostitución, asistieron a las citaciones convocadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En paralelo, uno de los implicados en esta trama, el oficial mayor Giovanni Forno, quien había afirmado en la Comisión de Fiscalización que proporcionaría a la Fiscalía el nombre de la persona que le entregó el currículum de Jorge Torres, posteriormente declaró a las autoridades que no recordaba quién le había recomendado al abogado.

Según los investigadores, no hay duda de que Andrea Vidal e Isabel Cajo ofrecían servicios sexuales tanto dentro como fuera del horario laboral. Sin embargo, si los testigos continúan negándose a colaborar, el crimen de Vidal podría quedar impune.

Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización trabaja en la elaboración de un informe, que se presentará el miércoles 2 de abril, en el que se rechazará la existencia de una red de prostitución dentro del Congreso.