
El derrumbe del techo en el patio de comidas del Real Plaza Trujillo, que dejó seis muertos y más de 80 heridos hasta el momento, ha desatado una ola de indignación en redes sociales. Entre los señalados se encuentran los congresistas Diego Bazán, Alejandro Cavero y Adriana Tudela, quienes en 2023 respaldaron y/o presentaron iniciativas legislativas que favorecían a centros comerciales al flexibilizar los requisitos de seguridad. Ahora, tras la tragedia, sus llamados a la justicia han sido duramente cuestionados.
Críticas en redes sociales
Diversos ciudadanos han recordado que, en su momento, los mencionados congresistas criticaron medidas que afectaban al centro comercial. Un usuario señaló en X (antes Twitter): “‘Medida es abusiva e ilegal’, decía Diego Bazán cuando el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el Real Plaza. Hubo lobby congresal a favor del centro comercial ¡Asqueroso!”.
Otros usuarios también apuntaron a la responsabilidad de Alejandro Cavero, congresista de Avanza País. “Alejandro Cavero pudo evitar la tragedia en Trujillo. Todo lo contrario: celebró una ley para no cerrar centros comerciales. El Congreso tiene responsabilidad directa en esta catastrófica realidad nacional”, escribió un ciudadano.

Otro comentario lo acusó de haber impulsado diversas normativas que, en su opinión, beneficiaban a intereses privados por encima de la seguridad: “Cavero debe ser el congresista con las causas más vergonzosas recientes: apoyó una ley que impide cerrar centros comerciales, impulsó el ataque al cine peruano, limpió a los responsables de las muertes de Inti y Bryan y defiende leyes a favor del crimen”.
El debate sobre las inspecciones técnicas
La congresista Adriana Tudela, del mismo partido de Cavero, también ha sido objeto de críticas debido a su proyecto de ley que propone ampliar la vigencia de los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE). En diciembre de 2024, presentó una iniciativa que establecía revisiones de seguridad indeterminadas para los centros comerciales, lo que fue rechazado por expertos en seguridad.
“Nancy Barrenechea, miembro de la Comisión de Inspectores Técnicos de Seguridad del CIP, denuncia que el Congreso, impulsado por Adriana Tudela, aprobó una ley que establece inspecciones a los centros comerciales cada 10 AÑOS. Empresarios y políticos irresponsables”, se lee en una publicación de X.

Actualmente, el PL de Adriana Tudela tiene como coautores a José Cueto, Fernando Rospigliosi, Edward Málaga, José Williams, Rosselli Amuruz, Diana Gonzales, Víctor Flores, Karol Paredes y José Elías Ávalos.
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) también alertó sobre los peligros de flexibilizar estas normativas. En su momento, emitieron un informe en el que advertían que la propuesta legislativa incrementaba los riesgos para las edificaciones y las vidas humanas, lo que llevó a que la Comisión de Vivienda archivara el primer proyecto de Maricarmen Alva, similar al de Tudela.
Exalcalde de Trujillo advirtió sobre el Real Plaza
Las críticas también han alcanzado a Bazán y otros parlamentarios ligados a César Acuña, debido a su postura contra las medidas del exalcalde Arturo Fernández. Según una publicación en X, el “Exalcalde de Trujillo Arturo Fernández confirma que clausuró Real Plaza y quiso demolerlo, pero congresistas como Diego Bazán, y vinculados al partido de César Acuña (APP) como Luis Valdez se le fueron encima. Congresistas y partidos de la mano de empresas sicarias”.

Como se recuerda, el cierre del centro comercial en 2023 se debió a presuntas irregularidades en sus certificaciones de seguridad. Sin embargo, las presiones políticas llevaron a su reapertura. Hoy, tras la tragedia, muchos ciudadanos exigen explicaciones sobre el papel de los congresistas en decisiones que, según denuncian, habrían favorecido a intereses privados por encima de la seguridad pública.
Mientras las investigaciones continúan, la ciudadanía ha puesto en la mira la responsabilidad política detrás del colapso en el Real Plaza Trujillo, cuestionando el papel del Congreso en la regulación de medidas de seguridad en edificaciones de alto tránsito.
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