Telefónica del Perú no podría pagar sus deudas y ha acordado solicitar un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para reestructurar sus obligaciones financieras, con la intención de poder garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios de telecomunicaciones que provee a más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del Perú.
Es decir, la filial de la empresa española en el país, una de la más importantes del país en el sector, no se ve en la posibilidad de cumplir con sus deudas sin poner en riesgo sus operaciones, por lo que pedirá que se inicie este proceso para que, mediante una junta de acreedores (entidades y personas a las que la empresa debe) decidan el futuro de la compañía.
Así, la operadora de Movistar apostará por pedir la restructuración de su deuda con un plan para seguir siendo sostenible y mantener su negocio en Perú. Sin embargo, esto dependerá finalmente de lo que decida la junta de acreedores, quienes tendrán el destino de la compañía en sus manos. Infobae Perú conversó con Pamela Arce, socia del area de Reestructuración e Insolvencias en Hernandez & Cía. para saber de qué se tratará este proceso.
El futuro de Telefónica en Perú
Como se sabe, en los últimos 20 años, Telefónica estuvo en controversia con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por el pago de impuesto de renta de los años 1998, 2000 y 2001. Estas serían las obligaciones principales que la empresa no se encontraría en capacidad de atender, lo que llevó a pedir su restructuración. ¿De qué se trata el pedido del pasar por Proceso Concursal Ordinario (PCO)?
“Este es un procedimiento que está regulado en la Ley General del Sistema Concursal. Lo que dice la norma es que cualquier deudor o acreedor pueden solicitar el inicio de este procedimiento ante la Comisión de Procedimientos Concursales Indecopi, la autoridad que tiene a cargo la la supervisión”, señala la experta.
Según Arce, lo que se busca en un procedimiento concursal en encontrar un marco de negociación entre todos los acreedores de la empresa para tomar una decisión idónea para la recuperación de sus créditos. Con esto se busca también que el deudor tenga una protección patrimonial, para poder acordar la de reprogramación de las deudas asegurando la restructuración de sus operaciones, pero de acuerdo a su real capacidad de pago.
Es decir, dado que la empresa no se ve en la capacidad de sostener su negocio en Perú y solventar sus deudas, pedirá pasar por este PCO para que se forme una junta de acreedores (con personas naturales y jurídicas a las que debe dinero) a fin de que estos puedan dar el visto bueno al plan de restructuración que plantee la empresa. Con esto hay dos posibilidades: que se acepte su restructuración o que se decida liquidar a la compañía.
2026 será el año decisivo
Telefónica señaló en su comunicado oficial que continuará prestando servicios sin interrupción a sus más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del Perú. Como se sabe, según el artículo 31 de la Ley General del Sistema Concursal dispone que la declaración de concurso de un deudor no implica el cese de su actividad empresarial, excepto en los casos en los que la Comisión declare la disolución y liquidación del deudor.
Asimismo, “una vez que el Indecopi publique la situación de concurso se generará un marco de protección legal que suspenderá (i) el cobro de las obligaciones que Telefónica adeuda a dicha fecha y (ii) los procesos judiciales, arbitrales y coactivos que prentenden la ejecución de los bienes de Telefónica”, agrega Arce.
Así, en la práctica la evaluación de este pedido podría tomar “más o menos cuatro meses”, señala la experta en base a su experiencia en otros casos similares. Si se admite a trámite la la solicitud, se va a declarar el inicio de este procedimiento concursal ordinario.
Tras esto, según la experta, puede tomar alrededor de un año el convocar a la junta de acreedores (estos pueden ser inclusive hasta trabajadores con las que la empresa tenga deudas)para que luego estos decidan sobre el futuro de la compañía. Con estos plazos aproximados, se podría ver en junio ya el inicio de este proceso, y a mediados de 2026 se podría convocar a la junta de acreedores que evaluara si acepta la restructuración de la empresa, lo que dependerá de si ve más viable esto o liquidarla para cobrar efectivamente las deudas de Telefónica.
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