Con una votación mayoritaria de 17 votos a favor, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que propone impedir que personas condenadas por delitos graves, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas y traición a la patria, puedan postular a cargos públicos.
La propuesta, que ahora pasará al pleno para su debate final, también busca prohibir que estos sentenciados puedan ejercer funciones públicas mediante designaciones de confianza, incluso 10 años después de haber sido rehabilitados.
Este proyecto de ley implicaría modificar los artículos 34-A, 39-B y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, cerrando el paso a quienes han cometido delitos que afectan gravemente al país. En palabras del dictamen, el objetivo es garantizar que el servicio público sea ocupado por personas que no representen un riesgo para el Estado y sus instituciones, reforzando la confianza ciudadana en la política y la administración pública.
Un cerco constitucional para delitos graves
De aprobarse, la normativa representaría un cambio trascendental en la Carta Magna. Por ejemplo, el artículo 34-A especificaría que aquellos condenados por delitos dolosos no podrán postular a cargos de elección popular si tienen una sentencia en primera instancia. En el caso de crímenes más graves como terrorismo o narcotráfico, el impedimento se extiende hasta 10 años después de que se haya declarado su rehabilitación.
Asimismo, el artículo 39-B complementa esta restricción al impedir que estas personas puedan ser designadas en cargos de confianza, cerrando cualquier posibilidad de regresar al aparato estatal. El inciso 22 del artículo 139, que regula la rehabilitación, también sería modificado para exceptuar a este grupo de delitos del pleno restablecimiento de derechos en materia de función pública.
Con esta propuesta, el Congreso parece trazar una línea definitiva entre el servicio público y aquellos que han atentado contra el país. Al igual que un candado reforzado, esta medida busca evitar que el pasado penal de ciertos individuos se convierta en una puerta abierta hacia la reincidencia o el abuso de poder.
Presupuesto 2025
El Congreso de la República se prepara para debatir y aprobar los dictámenes de las leyes de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento del sector público para el año fiscal 2025. Según la propuesta del Poder Ejecutivo, el presupuesto anual de gastos asciende a más de 251,801 millones de soles, lo que representa un incremento del 4.5 % respecto al presupuesto inicial del 2024. Este aumento se destina principalmente a los sectores de educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana.
El sector de educación recibirá un incremento presupuestal del 12 % en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 48,308 millones de soles, lo que equivale al 5.1 % del Producto Interno Bruto (PIB). El ministro de Educación, Morgan Quero, ha detallado que este aumento busca fortalecer el sistema educativo del país.
Por su parte, el sector salud contará con un presupuesto de 30,361 millones de soles, representando el 12.1 % del presupuesto total para el 2025. Este sector ha experimentado un crecimiento significativo desde el 2019, cuando el presupuesto era de 18,217 millones de soles.
En cuanto a saneamiento, se han asignado 7,044 millones de soles, lo que representa el 2.8 % del presupuesto total. Este monto implica un crecimiento de 508 millones de soles en relación con el presupuesto inicial del 2024.
El sector de orden público y seguridad recibirá 15,532 millones de soles, que constituyen el 6.2 % del presupuesto total. De este monto, el 59.1 % está destinado a Programas Presupuestales, es decir, 9,172 millones de soles.
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