Indulto irregular permitió a Alberto Fujimori morir en libertad pese a condena por crímenes de lesa humanidad

El expresidente peruano condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción murió en libertad, pese a restarle una condena de ochos años, la cual fue condonada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Tras detectarse irregularidades en el proceso del indulto humanitario, Fujimori regresó a prisión, pero una decisión del Tribunal Constitucional permitió su excarcelación en diciembre de 2023.

Esto le permitió a Alberto Fujimori Fujimori pasar 10 meses fuera de prisión. El exdictador, además de arrastrar una serie de procesos judiciales por el asesinato de seis comuneros por el caso Pativilca, esterilizaciones forzadas, el caso Ventocilla y otros, robó al Estado peruano y ejerció control de las instituciones. Falleció a los 86 años rodeado de su familia.

En 2017, Kuczynski le concedió la gracia presidencial, pocas horas antes que los peruanos celebraran Navidad. El acto fue anulado un año después por la Corte Suprema, que detectó una serie de anomalías por lo que ordenó su captura inmediata.

La sentencia emitida por el juez supremo Hugo Núñez Julca se basó en un análisis exhaustivo de 225 páginas y fue consecuente con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que exigió al Estado peruano revisar la legalidad de dicho indulto.

Entre las prácticas identificadas se encontró que los informes médicos practicados a Alberto Fujimori no fueron realizados por médicos del penal Barbadillo. Había una imparcialidad por parte de la Junta Médica Penitenciaria, pues dentro se halló la intervención directa de Juan Postigo Díaz, médico de cabecera del expresidente, que recomendó el indulto.

Postigo Díaz había declarado en múltiples ocasiones a favor de la liberación de Fujimori y ya en 2013 la Comisión de Gracias Presidenciales había rechazado su participación para garantizar la objetividad de las diligencias médicas.

Además, se detectó que las serias irregularidades se relacionaban con acuerdos políticos conducentes a evitar la vacancia presidencial del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Pues el indulto se concedió tres días después de que la bancada fujimorista, liderada por Kenji Fujimori, lo salvara de una destitución en el Congreso.

Otros puntos en los que basó su fallo el juez Núñez Julca incluyen la sistemática desestimación de diagnósticos médicos que refutaban la gravedad de las condiciones de salud de Fujimori, y la manipulación de reportes médicos que fueron presentados para justificar el indulto humanitario.

Sin embargo, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional revalidó el indulto a raíz de su delicada salud, permitiendo su excarcelación nueve años antes de cumplir su pena.

Fujimori, quien tuvo que enfrentar un juicio oral por la matanza de campesinos en Pativilca en 1992, no logró evadir todos los procesos penales pendientes. A pesar de la gracia presidencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la anulación del indulto. No obstante, el gobierno de Dina Boluarte desacató esta orden, ejecutando la liberación.

El indulto, según el Tribunal Constitucional, se justificó debido a condiciones de salud como hipertensión, frecuencia cardiaca irregular y riesgo de cáncer de lengua. En libertad, Fujimori se mudó con su hija Keiko Fujimori, quien ha sido investigada por lavado de activos y aspiró a la presidencia en tres ocasiones. En esos meses finales, el expresidente renovó su documento de identidad e incluso se mostró ambiguo sobre una posible candidatura presidencial.

Desde su indulto en 2017 hasta su fallecimiento, las protestas en Perú reflejaron el descontento de miles de personas que consideraban este acto como una muestra de impunidad. Fujimori, quien pasó 15 años encarcelado por asesinato, vivía en una celda de 800 metros cuadrados con múltiples comodidades como pintar, jardinería, escuchar óperas, y recibir visitas.

Indulto irregular en desacato a la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado peruano su deber de abstenerse de conceder beneficios a Fujimori, dado que se trata de un caso de crímenes de lesa humanidad. Este recordatorio llega en un contexto en el que, desde la anulación del indulto en 2018, varios actores políticos han intentado la excarcelación de Fujimori apelando al mismo hábeas corpus.

Fujimori, quien gobernó el país de 1990 a 2000, fue condenado en 2007 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su mandato. Su indulto en 2017, revocado en 2018, ha sido objeto de múltiples litigios y maniobras legales por parte de sus defensores, quienes buscan su liberación definitiva.

Alberto Fujimori muere sin juicio por caso Caraqueño-Pativilca

La reciente muerte de Alberto Fujimori ha vuelto a abrir las heridas de las víctimas de su régimen, que sienten que la justicia sigue incompleta. Según APRODEH, una de las heridas más significativas es el caso de Caraqueño-Pativilca, en el cual Fujimori, uno de los principales acusados, falleció sin ser sentenciado.

Fujimori, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad, será recordado como el líder de un gobierno acusado de generar muerte, dolor y corrupción en Perú. La decisión de realizar funerales con honores para él ha sido vista como una violación a la memoria de las víctimas y una muestra de desprecio por su sufrimiento, según APRODEH.

El actual gobierno peruano, bajo la administración de Dina Boluarte, es criticado por priorizar alianzas políticas para asegurar su supervivencia en lugar de defender los derechos de quienes aún buscan verdad y justicia. APRODEH subraya que la administración de Boluarte ha demostrado un comportamiento similar, evidenciado por los 49 muertos que se le atribuyen sin muestra de remordimiento.