Félix Moreno, exgobernador regional del Callao, y otras 14 personas enfrentan un juicio oral tras ser acusadas de corrupción en el proyecto vial de la Costa Verde vinculado a la multinacional Odebrecht.
La decisión fue tomada este viernes por el juez Leodán Cristóbal Ayala, quien emitió una resolución para iniciar el proceso judicial contra las mencionadas personas por presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, todos en perjuicio del Estado peruano.
La Fiscalía ha solicitado para Moreno una pena de 16 años y 8 meses de cárcel. Según la acusación fiscal, el exgobernador habría adjudicado irregularmente a Odebrecht el contrato para la construcción del Proyecto Vial Costa Verde Callao a cambio de un soborno de cuatro millones de dólares.
En su resolución, el juez Ayala dispuso remitir toda la documentación pertinente al Juzgado Penal Colegiado Nacional de turno, incluyendo la acusación fiscal y sus anexos, dentro del plazo estipulado por la ley. Posteriormente, se asignará de manera aleatoria entre los cuatro juzgados penales de la Corte Superior Nacional quién llevará a cabo el juicio oral.
Este caso es parte de una serie de investigaciones y procesos judiciales en Perú relacionados con Odebrecht, empresa brasileña que ha estado en el centro de numerosos escándalos de corrupción en América Latina. Odebrecht ha admitido haber pagado sobornos a funcionarios de varios países para asegurar contratos de obras públicas.
¿Por qué se investiga a Félix Moreno?
Moreno, exgobernador del Callao, está siendo investigado por la recepción de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. De acuerdo con las declaraciones de Ricardo Boleira, exsuperintendente de la empresa, esta desembolsó $2,35 millones a Moreno con el objetivo de financiar su campaña de reelección como gobernador regional.
Estos pagos se habrían efectuado a través de un publicista utilizando fondos de la denominada “Caja 2,” un mecanismo que Odebrecht empleaba para realizar pagos ilícitos a funcionarios y candidatos políticos.
Este juicio también implica a otras 14 personas, en un caso que destaca no solo por las acusaciones de sobornos, sino también por los cargos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.
El caso Costa Verde, en el cual se enmarcan estas acusaciones, apunta a la construcción de un tramo de la Costa Verde en el Callao, obra adjudicada a Odebrecht. La colaboración de la empresa con la justicia, que ha incluido múltiples declaraciones y la entrega de documentos, ha arrojado luz sobre una red de corrupción que implica a altos funcionarios políticos y empresarios de la región.
Condenado a 6 años de prisión
En octubre de 2023, el exgobernador regional del Callao, y varios funcionarios del Gobierno Regional fueron condenados a seis años de prisión por la construcción irregular de un sauna en el Cuartel General del Ejército del Perú (conocido como Pentagonito) en el año 2008. La sentencia fue dictada por el Primer Juzgado Unipersonal Penal de la Corte del Callao.
Moreno, acusado del delito de peculado doloso, participó virtualmente en la audiencia llevada a cabo en la sede mencionada del Poder Judicial. Durante el año 2008, el Gobierno Regional del Callao firmó un convenio con el Ministerio de Defensa (Mindef) que le otorgaba la administración del castillo Real Felipe por un periodo de dos años, informó el Ministerio Público.
Al finalizar este acuerdo en febrero de 2011, se suscribió una adenda para ampliar la administración del Centro de Convenciones y la explanada de la fortaleza del Real Felipe. Sin embargo, estos convenios y las acciones de sus responsables han sido objeto de investigaciones y el proceso judicial que culminó con las condenas dictadas recientemente.
Según el Ministerio Público, la construcción del sauna en el Pentagonito se realizó de manera irregular, lo que derivó en la imputación contra Moreno y otros funcionarios del GORE. La investigación reveló que los fondos destinados a la obra fueron utilizados indebidamente, incurriendo en peculado doloso, un delito que implica el desvío de recursos públicos para fines no autorizados.
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