
El juez electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Alberto Borea, aseguró que el Perú debe permanecer en el tribunal internacional, a pesar de que voces del Poder Ejecutivo y del Congreso no descarten esa opción.
En entrevista con Perú21, el abogado indicó que el país no debe “salirse de los sistemas de derechos humanos”.
“Eso lo sabemos perfectamente quienes hemos luchado contra las dictaduras y quienes hemos combatido a aquellos gobiernos que pretenden dejar aislado al pueblo de todo un país, al margen de las normas protectoras que han sido asumidas por la comunidad, no inventadas por un grupo de profesores, sino asumidas por la sociedad en su conjunto”, precisó.

Por otro lado, comentó que si bien el rol de la Corte IDH es resolver casos concretos, existen problemas que se generan cuando “los jueces pretenden ser legisladores”.
“Los jueces tienen que aplicar las leyes, y las leyes en el sistema interamericano o en los tribunales de derechos humanos son las convenciones que firman los Estados con relación a los temas que ahí están establecidos. De eso se trata. Y hay que interpretar cuando hay vacío”, manifestó.
“Pero también hay que tener en cuenta lo que se señala ya desde la época de los romanos: ‘in claris non fit interpretatio’. Cuando las cosas son claras no caben interpretaciones. No se puede pretender cambiar todo un sistema acordado entre legisladores y países”, agregó.

Como se recuerda, actualmente existen críticas por parte del Gobierno y del Congreso de la República acerca de los organismos internacionales. Incluso, la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, enviaron una carta al tribunal internacional, en la que defendieron el proyecto de ley aprobado en el Poder Legislativo que otorga amnistía a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad.
La misiva expresó un “rechazo categórico” a la resolución del 1 de julio de 2024 emitida por la Corte Interamericana, ya que generaría una desnaturaliza las medidas provisionales, además de exceder sus competencias.
En el texto también se critica el uso de términos como “conflicto armado interno” para describir el período de violencia interna en el Perú.

¿Qué dijo Gustavo Adrianzén?
El jefe del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, expresó su “absoluta indignación” ante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a Perú dejar sin efecto o no dar vigencia la propuesta sobre crímenes de lesa humanidad, una normativa que permitiría la prescripción de dichos delitos.
La resolución, de acuerdo al organismo, fue emitida en respuesta a la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que resultaron en sentencias condenatorias contra el Estado peruano. Como se recuerda, estas masacres llevaron a la prisión del exdictador Alberto Fujimori, quien, a pesar de haber sido indultado, sigue enfrentando procesos por otra masacre vinculada al grupo Colina.
El proyecto de ley, promovido por Fuerza Popular y otras bancadas, busca impedir el procesamiento de cualquier persona por crímenes de lesa humanidad o de guerra ocurridos antes de 2002.
Esta medida excluiría el periodo del conflicto interno, durante el cual fallecieron 69 mil personas. En junio pasado, el proyecto fue aprobado en primera votación y, pese a la resolución de la Corte, la Comisión Permanente del Congreso lo ratificó en segunda votación.
Julissa Mantilla, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de carácter imperativo a nivel internacional, por lo cual debe prevalecer sobre cualquier ley interna.
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