Mientras el Gobierno se prepara para implementar la polémica “Ley Antiforestal”, este martes el Tribunal Constitucional aceptó una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la norma que facilitaría la deforestación, los delitos ambientales y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.
La decisión fue tomada por seis magistrados y se notificará al Congreso de la República para que emita su descargo en un plazo de 30 días, ya que este la aprobó en enero tras un breve debate de 10 minutos y sin consultar a los pueblos originarios.
Este es el segundo pedido de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao que busca revocar la norma; la primera fue interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín, el departamento con mayor deforestación por agricultura a gran escala.
¿Por qué aseguran que la ley tiene un impacto negativo?
De acuerdo al abogado en derecho ambiental, César Ipenza, la controversia respecto a la modificación de la Ley Forestal radica en los cambios que ahora permiten a las empresas o usuarios no estar obligados a cumplir con la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM).
Esto quiere decir que se autoriza legalizar tanto terrenos previamente deforestados como actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, lo que transforma el patrimonio nacional en propiedad privada.
Bajo esta línea, se han emitido diversos pronunciamientos, como el de la Unión Europea, indicando que la legislación peruana no cumple con sus nuevas normativas ambientales, las cuales prohíben la importación de productos agrícolas provenientes de tierras deforestadas.
Y, por otro lado, la del relator especial de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Calí Tzay, quien ha advertido que la norma podría incentivar el despojo en tierras indígenas, así como aumentar la violencia contra los defensores ambientales, postura con la que coincide el Colegio de Sociólogos del Perú, agregando que la modificación aprobada viola el derecho de las personas a un ambiente adecuado.
Ley incrementa vulnerabilidad de pueblos indígenas
En ese marco, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a más de 2.400 comunidades indígenas, ha expresado de manera reiterada su preocupación por el impacto negativo que la ley tendrá en los pueblos originarios, especialmente en aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial, considerados los más vulnerables del planeta por depender solo de los recursos que hay en sus territorios.
Mientras que Juan Carlos Ruiz, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha compartido una perspectiva similar, ratificando que la ley representa un riesgo para el control adecuado de las actividades extractivas en la región amazónica.
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