
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó esta tarde del martes 14 de mayo, una denuncia constitucional contra el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, en relación con el escándalo conocido como “caso Mochasueldos”. Este caso, revelado por Cuarto Poder, mostró pruebas de que el parlamentario solicitaba a su personal entregarle un porcentaje de sus ingresos, incluyendo el 10% de sus salarios y el 50% de los bonos otorgados por el Parlamento.
Según la investigación periodística, se difundió un audio en el que se escucha al legislador exigir a sus empleados estas contribuciones. En sus palabras, comparaba su situación con la de otros trabajadores del Congreso y expresaba descontento por la falta de “voluntad” para realizar estos pagos de la manera que él esperaba. Este audio ha sido sustancial para que la Fiscalía impulse la denuncia.
En este contexto, Flores Ancachi también mencionó que había tenido la oportunidad de recibir cerca de 250 mil dólares a cambio de ofrecer puestos laborales en su despacho. Este comentario sugería un grado de corrupción y tráfico de influencias que rebasa la mera solicitud de parte de los sueldos y bonos.
Adicionalmente, el legislador no solo se implicó a sí mismo en estas prácticas, sino que también señaló a María del Carmen Alva, expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso en el período 2021-2022, de tener comportamientos similares. Ella se encargó de negarlo rotundamente, prometiendo tomar medidas al respecto.
Fiscalía acusa por delitos de concusión y daño al Estado
La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el congresista de Acción Popular es por los presuntos delitos de concusión y afectación contra la administración pública. La acusación, liderada por el fiscal Juan Carlos Villena, fue enviada al presidente del Congreso, Alejandro Soto, consolidándose en la carpeta fiscal N.° 200-2023.
Esta acción legal surge tras la solicitud de la Procuraduría General del Estado para iniciar diligencias preliminares contra Flores Ancachi, insinuando la posibilidad de que el parlamentario haya incurrido también en cohecho. Adicionalmente, la congresista María del Carmen Alva presentó una denuncia propia ante la Comisión de Ética del Congreso.

Flores Ancachi denunció al fiscal Villena y Delia Espinoza
El congresista, señalado en el caso conocido como ‘Los Niños’, presentó hace aproximadamente un mes, abril de 2024, una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la fiscal suprema, Delia Espinoza. Esta acción acusa a ambos fiscales de infracciones a la Constitución Política del Perú y delitos tales como abuso de autoridad y omisión de funciones, relacionados con las indagaciones hacia la suspendida Patricia Benavides. La denuncia se entregó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 16 de abril.
Según Ancachi, el pedido de Espinoza al Congreso de la República para inspeccionar los votos de los congresistas en asuntos influidos por Benavides supone una “evidente infracción constitucional”. Afirma que esto constituye un abuso de la autoridad de Espinoza, y critica que Villena Campana no asumió personalmente la investigación, delegando en su lugar a Espinoza, pese a que ya se había pronunciado sobre el caso, indicando que debiera haberse abstenido.

Esta denuncia busca no solo señalar estas supuestas infracciones, sino también retirarlos de sus cargos, argumentando su participación en investigaciones que pintan a Benavides como cabecilla de una red criminal dentro del Ministerio Público.
Flores Ancachi vincula su acción a otras denuncias constitucionales promovidas por legisladores contra Villena, quienes también están siendo investigados en el marco del caso de Patricia Benavides. Este escenario destaca una tensa relación entre el legislativo y el sector de justicia, donde los delitos acusados incluyen coordinaciones indebidas entre el Congreso y el Ministerio Público para favorecer a parlamentarios investigados.
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