La presidenta Dina Boluarte ratificó este martes que gobernará el Perú hasta 2026, aunque no hizo mención a la detención preliminar de su hermano y su abogado por organización criminal y tráfico de influencias, una circunstancia que ha erosionado su posición en el cargo.
“Aquí estamos firmes, fuertes y dignos, nada nos va a distraer para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro querido Perú. Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio del 2026, porque así el pueblo eligió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe respetar”, dijo en un acto oficial en el Callao, donde entregó 3,000 títulos de propiedad a los beneficiarios de programas de Vivienda.
Horas después, el vocero oficial de la Presidencia, Fredy Hinojosa, indicó que “con toda seguridad” Boluarte acabará su mandato, pese a que dos diputadas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú expresaron su intención de presentar una moción de vacancia presidencial por ausentarse del cargo a causa una cirugía estética y por supuesta obstrucción a la justicia en favor de su hermano Nicanor.
“La prioridad que adoptó el Gobierno en esta sucesión constitucional fue la paz social que permite el desarrollo de inversiones que van a generar mayor empleo y reactivar la economía. El mandato de la Constitución es expreso. Todos los peruanos de bien con vocación democrática debemos garantizar que los mandatos constitucionales se cumplan”, anotó.
El portavoz evadió una pregunta relacionada sobre Nicanor Boluarte, ya que “no existe ningún pronunciamiento sobre terceros que no forman parte del aparato gubernamental”, y, en cambio, se declaró confiado “en el respaldo de los congresistas con vocación democrática”.
El 10 de abril, la Fiscalía de la Nación incautó tres relojes Rolex que fueron entregados a Boluarte por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en calidad de préstamo. Estos artículos, junto con otras joyas usadas por la mandataria valorizadas en unos US$ 32,000, son considerados “el cuerpo del delito”.
Los bienes fueron recibidos como “donaciones” de Oscorima y guardan relación con decretos favorecedores al Gobierno Regional de Ayacucho. Según el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, esta práctica sugiere un modus operandi de acciones ilegales ligadas al abuso del cargo de Boluarte, lo cual se configura como un delito continuado.
El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) identifica a Mateo Castañeda, abogado de la presidenta, como parte esencial de la supuesta organización criminal encabezada por Nicanor. Según las investigaciones, el letrado intentó ofrecer beneficios ilícitos a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano con el objetivo de suspender la investigación en contra del pariente presidencial.
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