El Poder Judicial resolvió este miércoles requerir a Israel la extradición activa del exjefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), Avraham Dan On, acusado de cómplice primario de colusión por los contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica, que atraviesa el sur del país, desde el océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, determinó que el requerimiento fiscal cumple con el principio de doble incriminación, debido a que “los hechos fácticos que se le atribuyen” al imputado “califican como delitos” tanto en Perú como en el país de Medio Oriente donde nació.
La Fiscalía ha solicitado para Toledo penas de 20 años y 6 meses de cárcel por el caso de la Interoceánica, tramos dos y tres; 16 años y 8 meses por lavado de dinero en el caso Ecoteva; y 35 años por el caso vinculado a la concesión del tramo 4 de la Carretera Interoceánica. En marzo de 2023 también pidió la expropiación de los bienes inmuebles del exgobernante y su entorno familiar.
De acuerdo con las investigaciones, Toledo recibió al menos 35 millones de dólares a cambio de que Odebrecht ganara el proyecto IIRSA sur, como se denominó a ese tramo de la Interoceánica, se comprometió a que los plazos del proceso de contratación no se postergarían y acordó modificar las cláusulas de la licitación para que se impida la participación de otros postores.
La trama de corrupción de la firma brasileña salpicó en el país a cuatro exmandatarios: Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido, Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). De todo ellos, el único que hasta ahora estaba enjuiciado era Humala, cuyo proceso debe concluir este año.
Extraditado
En abril de 2023, Toledo llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo comercial, procedente de Los Ángeles, bajó de la nave esposado, fue entregado por alguaciles de EE.UU. a los agentes de la Policía Nacional (PNP) y finalmente conducido a la Dirección de Aviación Policial (DIPA).
El político había agotado todos los recursos y figuras jurídicas disponibles para evitar su extradición y permanecer en régimen de arresto domiciliario. Sin embargo, el juez federal Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó que se entregara para ejecutar su extradición a Perú, a la cual había dado luz verde dos meses antes el Departamento de Estado de EE.UU.
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