A través de un comunicado, la Fiscalía de la Nación anunció que presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
El Área de Enriquecimiento llícito y Denuncias Constitucionales interpuso dicho recurso por su actuación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, a efecto de lograr que Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, contrate a su exasesor Pavel Vladimir Cárdenas Peña.
“Es importante precisar que los hechos materia de denuncia constitucional habrían ocurrido a finales del año 2017, y fueron denunciados por Walter Benigno Ríos Montalvo en diciembre de 2019″, mencionaron e indicaron que la investigación fue complementada con información recibida en enero de 2024, procedente del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales de Cuellos Blancos del Puerto.
“Además del informe de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, de fines de febrero del presente año, con lo cual se ha emitido la referida denuncia constitucional”, agregó.
¿Cuáles son los argumentos contra el presidente del JNE?
El documento al que accedió Infobae Perú detalla que Ríos denunció que Jorge Luis Salas Arenas, “valiéndose o aprovechando su jerarquía e influencias como juez supremo titular le dijo que ‘tenga la gentileza de contratar al señor Pavel VIadimir Cárdenas Peña’“.
En dicha comunicación telefónica, el actual presidente del JNE le habría comentado que Cárdenas “era su asistente personal y lo ayudaba en temas académicos”. Además, que vivía cerca al Callao, lo que va a significar “ahorro en temas como movilidad y tiempo, por cuanto en estos momentos él necesita tiempo para continuar su maestría y terminar la elaboración de su tesis de magíster”.
“Al día siguiente, en horas de la mañana, Pavel Vladimir Cárdenas Peña [con conocimiento de las gestiones realizadas por el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas solicitando su contratación] se apersonó al despacho de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao y se entrevistó con Walter Benigno Ríos Montalvo; quien luego mandó a llamar al asesor de presidencia, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, a quien le ordenó que se encargue de realizar las gestiones necesarias para lograr la contratación de Cárdenas Peña, precisándole que dicha contratación era solicitada por el magistrado supremo Jorge Luis Salas Arenas”, se lee.
En la denuncia se precisa que la autoridad electoral “no niega la comunicación telefónica” y confirma que “lo llamó para decirle si había la posibilidad de contratar en suplencia, y referenció al señor Cárdenas Peña”.
D.C N° 469 by Camila Milagros del Carmen Calderon Garro on Scribd
“En base al sustento fáctico antes desarrollado [y conforme a lo ordenado mediante disposición N.° 03] se atribuye al denunciado Jorge Luis Salas Arenas, en su actuación como juez supremo titular integrante de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ilícito previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, imputándole tener la condición de instigador”, menciona la denuncia constitucional.
“En ese sentido, se incrimina a Jorge Luis Salas Arenas, durante su actuación como juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, que a fines de noviembre de 2017, habría determinado la conducta del entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, a efectos de que, de forma directa, se interese indebidamente en la contratación de Pavel Vladimir Cárdenas Peña como personal administrativo de la Corte Superior de Justicia del Callao; contratación realizada en provecho de este último y en la cual Ríos Montalvo intervenía por razón de su cargo”, sentencia el documento.
Cabe mencionar que dicha denuncia se da a un día de que la institución respondiera a la Fiscalía por el informe técnico solicitado sobre la configuración de conducta antidemocrática que tendría la agrupación vinculada a Antauro Humala.
A través de un oficio, la entidad mencionó que “no resulta posible atender el extremo del presente pedido” y que, en el caso de constatarse alguna modalidad de fraude a ley, corresponderá la emisión de la decisión pertinente a la autoridad legalmente competente, reservándose a esta la determinación de la existencia o no de conductas antidemocráticas.
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