El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró este lunes el estado de emergencia en la capital de La Libertad, Trujillo, y en la provincia de Pataz, donde ingresará el Ejército ante la “creciente ola de criminalidad impulsada principalmente por la minería ilegal”.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, precisó que la medida se extenderá por 60 días y, durante ese período, los eventos sociales y espectáculos quedarán prohibidos desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas “hasta combatir la ola delincuencial”.
“En Pataz, hemos visto con estupor cómo se ha ejecutado el sabotaje a siete torres de alta tensión, atentados con dinamita y crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se mueven en torno al comercio del oro. Hemos encontrado la peor expresión [...] de la seguridad ciudadana: extorsiones, explotación laboral y sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos”, describió a continuación.
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, indicó que la declaratoria en Pataz es inédita. “A diferencia de otras [medidas], el control del orden interno pasará a manos de las FF. AA. con apoyo de la PNP, en aplicación a los decretos legislativos N.º 1095 y N.º 1136. La decisión está plenamente justificada por presencia de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal que han perpetrado actos de terror”, señaló.
El titular admitió que los grupos criminales que controlan esta provincia emplean “armamento de largo alcance y superan las características de la delincuencia común que enfrenta la PNP de manera habitual”, por lo que el Ejecutivo “debe responder con toda su fuerza”.
Un anuncio mencionado
A inicios de este mes, Acuña también afirmó que la región que lidera tiene una alta tasa de criminalidad, por lo cual el gobierno de Dina Boluarte declarará en estado de emergencia. Esto luego que se reuniera en Palacio de Gobierno con Boluarte, Otárola, Chávez y otros dos ministros, Víctor Torres (Interior) y Eduardo Arana (Justicia).
“He venido a conversar con la presidenta para que tome a La Libertad como un punto prioritario para revertir el tema de la inseguridad. Del primero de enero hasta ahora, hay más de 33 muertos. ¡Todos los días un muerto!”, se quejó el líder de Alianza Para el Progreso (APP) en una rueda de prensa en la que adelantó que la jefa de Estado dialogaría al respecto con el juez supremo Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, y el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez.
Acuña mencionó, de igual modo, que “en estos días” serían entregadas las camionetas para enfrentar la inseguridad ciudadana y que se había destinado presupuesto para que su región sea la primera en albergar un Laboratorio de Criminalística a nivel nacional.
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