El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, consideró este miércoles que si el Estado peruano ejecuta la liberación del exdictador Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad a raíz de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, a pesar de la orden expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de no hacerlo, entonces se convertiría lamentablemente en una ‘paria’ similar a lo que se percibe con los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Venezuela y Nicaragua, respectivamente, ante la comunidad internacional.
“El señor Fujimori no está condenado por manejar ebrio o por haberse robado un celular, sino por graves violaciones y crímenes importantes por La Cantuta y Barrios Altos, donde murió un muchacho de 14 años. Entonces, es un asunto que pesa en la comunidad internacional que tiene conocimiento de la historia. En consecuencia, cualquier paso que se dé debe ser muy cuidadoso. Al Perú no le queda más que acatar la sentencia de la Corte IDH, y si no lo hace creo que el costo a la imagen y percepción de confianza va ser grande. Creo que pondría al Perú en una condición de paria que no merece junto a Nicaragua y Venezuela”, dijo en Exitosa Radio.
El exministro de Justicia recordó que el indulto a Fujimori, concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017, tuvo un mal procedimiento debido a que no se contempló las normas internacionales que establecen que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, este beneficio no procede. Sin embargo, no descartó que esto pueda cambiarse si es que el exdictador acredita que está muy mal de salud. “Todo esto no es un tema de perseguir al señor Fujimori”, enfatizó.
García Sayán cuestionó también a los magistrados del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez Ticse, quienes dispusieron que Fujimori salga de la cárcel antes de que cumpla su condena en el penal de la Diroes.

“La decisión fue adoptada por el tribunal sin que tres integrantes [en realidad fueron dos magistrados que no fueron consultados: César Ochoa y Manuel Monteagudo] supiera la resolución que se estaba adoptando como si fuera una resolución de mero trámite trasladando la fecha de la sesión de jueves al lunes. Entonces, todas esas son señales muy malas que afecta a la sociedad peruana en un contexto en el que la globalización incluye no solamente reglas tributarias, comerciales, sino democráticas”, acotó.
El pedido de la Corte IDH
Ante la inminente liberación del expresidente Fujimori por mandato del Tribunal Constitucional, la Corte IDH emitió un pronunciamiento al cierre de la jornada de ayer para exhortarle al Estado peruano que no lo haga.
“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la “inmediata libertad” de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte de 7 de abril de 2022″, se lee en el documento emitido.
De esta manera, la resolución de la Corte IDH ha provocado que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no haya tomado la decisión de excarcelar a Fujimori. Inicialmente se habló que acatarían la sentencia del TC, pero con el anuncio del organismo supranacional parece que la situación ha cambiado considerablemente.
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