El presidente del Legislativo, Alejandro Soto, rechazó este martes la decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima de suspender provisionalmente el proceso sumario que apunta a destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuya votación estaba prevista para mañana en el Parlamento.
La Tercera Sala Constitucional aceptó en parte una medida cautelar solicitada por el principal órgano del control interno de la Judicatura, y dispuso detener todos los efectos de la imputación de la Comisión de Justicia y los demás actos procedimentales.
“Más aún, si el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia recaída en el expediente 00003-2022-PCC/TC, que establece la prohibición de interferir en las facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, como es el caso”, continuó.
El expediente de referencia incluye una resolución emitida en febrero pasado por el TC a favor del Congreso ante una contienda de competencias presentada contra el Poder Judicial sobre temas que consideraba “únicas y excluyentes” de la función Legislativa, entre ellos la elección del defensor del pueblo y la realización de investigaciones parlamentarias “sobre asuntos de interés público”.
La misma sentencia, considerada por especialistas como un retroceso de la jurisprudencia, anuló las resoluciones que impedían al Parlamento reformar el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Avila, Luz Inés Tello, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry debían acudir a la cita para defenderse frente a la investigación sumaria por presunta “causa grave”, una acción que ha sido criticada por organizaciones como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watch (HRW).
La única bancada que, hasta el momento, se ha pronunciado en bloque frente a la decisión judicial fue Renovación Popular, que solicitó “acciones legales y éticas ante medida cautelar cuestionada”.
De igual modo, invocó a Soto a que instruya al procurador del Parlamento “a denunciar a estos magistrados por prevaricato y a la nueva Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a que cumpla con verificar que en el presente proceso no existan conflictos de interés”, se lee en el comunicado.
El diputado no agrupado Carlos Anderson consideró que la Junta se “equivoca en tratar de impedir votación congresal a través de la presión de organismos internacionales y/o acudir al Poder Judicial”.
“Aquí nadie es intocable, el Congreso debe hacer respetar el fuero parlamentario y continuar con su agenda ya establecida. El proceso contra la JNJ no debe postergarse ni detenerse, ¡el país exige justicia!”, señaló. La parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), en tanto, marcó una postura contraria a la de sus colegas.
“Mi rechazo a decisión asumida por una mayoría congresal en junta de portavoces que desconoce el respeto de decisiones judiciales. La lógica de asumirse un poder absoluto, es un claro ejemplo de una dictadura congresal. Las decisiones judiciales se cumplen estemos o no a favor”.
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