
El primer ministro de Dina Boluarte, Alberto Otárola, ofreció una de sus primeras entrevistas a un medio de comunicación desde que asumió el cargo de titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a finales de 2023. En el momento en el que ocurrieron las primeras muertes en las protestas, el actual premier cumplía el cargo de ministro de Defensa, motivo por el que fue incluido en las investigaciones de la Fiscalía de la Nación.
Pese a que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, amplió las investigaciones en contra de la presidenta; Otárola, quien se ha autodenominado como “su fiel escudero”, afirmó no sentirse preocupado de los resultados que estas pesquisas arrojen.
“Pero estoy absolutamente seguro de que eso no va a pasar. Hemos logrado poner por delante la paz y la tranquilidad para 30 millones de peruanos. Nosotros vemos a la historia como el mayor juez”, insistió el primer ministro en la entrevista, sin el menor reparo a los centenares de familias que no solo guardan luto por los fallecidos, sino también de los damnificados que se encuentran padeciendo las graves heridas perpetradas por las Fuerzas Armadas.
La responsabilidad política que el primer ministro no acepta

Diversos informes periodísticos han denunciado los abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante las marchas en contra del Gobierno de Dina Boluarte, llevadas a cabo en Puno, Ayacucho, y otras regiones. Sobre estas denuncias, aún existen investigaciones para identificar las responsabilidades de las autoridades del Estado. Ante ello, Otárola aseveró tener una única responsabilidad en el caso.
“Si de algo soy responsable, es de haber tenido una lectura política adecuada y de haber respaldado las decisiones en conjunto del Gabinete con la presidenta. He sentido muchísimo pesar por la muerte de ciudadanos peruanos y el Ministerio Público tiene que investigar”, incidió el primer ministro en la entrevista, nuevamente evadiendo su injerencia en el cargo que ostentaba y aún ostenta.
Avala a la presidenta Dina Boluarte
En cambio, no dudó en resaltar las acciones tomadas durante este periodo. “Con la presidenta siempre recordamos una cifra que la dio la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro gobierno controló cerca de 500 protestas violentas, ¡500!”, aseveró con sorpresa, para luego alegar luego de 11 meses de investigación (y pese a todo lo declarado en su momento para evitar los cuestionamientos) que el Gobierno había enfrentado esta situación “sobre la marcha”.

“Cuando hago la retrospectiva, a veces no tengo la película completa porque solo recuerdo episodios que teníamos que enfrentar sobre la marcha, tomar decisiones respetando los derechos fundamentales de la persona y afianzando la institucionalidad democrática. Personalmente, aporté un pequeño granito de arena a favor de la institucionalidad del Perú”, manifestó el funcionario, obviando los muchos informes de organismos veladores de derechos humanos que señalaban la vulneración de estos durante las protestas.
Para Otárola, “la presidenta Boluarte salvó al Perú de una situación de colapso institucional gracias a las decisiones que tomó y al equipo que la acompañó. No ha sido nada fácil. La presidenta estuvo firme y por eso la respeto”, aseveró, al mismo tiempo que descartaba ser “el verdadero poder detrás del trono”.
“Eso no es cierto y lo digo con convicción. Cuando escuchamos esa noticia con la presidenta, nos reímos”, complementó.
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