El Ministerio Público solicitó este jueves diez años y cuatro meses de prisión contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), acusado de presunta colusión agravada por la compra de un equipo de espionaje incluido en el ‘Proyecto Pisco’, que fue concebido para combatir el narcotráfico y la criminalidad, aunque nunca entró en funcionamiento.
La acusación incluye también al exdirector ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Víctor Gómez Rodríguez; al exjefe del gabinete de asesores de la DINI, Iván Kamisaki; así como a Shafrir Paz, representante de la empresa israelí Verint Systems Ltd.
Según el requerimiento del fiscal Hugo Minaya, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el exmandatario habría intercedido para que Gómez Rodríguez acordara la adquisición con el empresario.
El caso ocurrió en 2012, cuando la DINI contaba con 20′000,000 de soles de presupuesto por recursos especiales. Solo un año atrás, Humala había llegado al sillón presidencial tras vencer en las urnas a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Se trata de una nueva acusación contra el primer expresidente peruano sentado en el banquillo por presuntos delitos de corrupción en el marco de la trama vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. El juicio oral, que inició en febrero de 2022, también incluye a la exprimera dama, Nadine Heredia.
El fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien lleva una investigación abierta inicialmente en 2015, ha solicitado 20 años de cárcel en su contra y 26 años para su esposa por presuntamente no haber declarado las millonarias donaciones con las que financiaron las dos campañas electorales.
En la víspera, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso, pidió al Poder Judicial que revoque el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el exdirector de la empresa brasileña, Jorge Barata, por haberse negado a declarar en el juicio contra el exgobernante.
El magistrado remitió el pedido a la jueza Margarita Salcedo, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el tribunal que en 2019 aprobó el acuerdo y que supervisa su cumplimiento.
Aunque fue citado para que emitiera su declaración presencial, Barata envió el último fin de semana un escrito en el que señaló que existe una “imposibilidad jurídica” para testificar. De igual modo, argumentó un supuesto “incumplimiento del procedimiento establecido en la ley para la actuación de la prueba testimonial”, ya que en este caso es un “testigo con domicilio real” en Brasil, donde reside desde 2016.
Para la procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, si se revoca el acuerdo, el Ministerio Público quedaría expedito para solicitar una acusación penal en su contra. En septiembre pasado, durante una audiencia virtual realizada en otro proceso, Barata reiteró que Odebrecht hizo aportes a campañas políticas de García, Humala y Kuczynski, además de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la excandidata presidencial, Keiko Fujimori.
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