Charles Acelor, condenado junto con el exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos, por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), busca ahora que el Estado peruano lo repare con US$ 7500 millones mediante un documento que incluye firmas falsas y que ha sido presentado ante un tribunal internacional, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder.
El empresario francés fue sentenciado en 2006 a 15 años de cárcel, cinco menos de los que recibió Montesinos, considerado culpable de adquirir armas en Jordania y venderlas a las FARC en 1999, lo que implicaba que cometió delitos de violación de la soberanía de un Estado extranjero, conspiración política y suministro ilegal de armas a grupos subversivos.
El oficio lleva la rúbrica del abogado Diego León, quien figura como su defensor legal; del procurador público supranacional Carlos Reaño; y del notario de Pucallpa, Octavio Telada. Estos dos últimos señalaron que sus firmas fueron adulteradas.
“Debe haber sido extraída de un documento anterior firmado manualmente o es una firma falsificada y, para ello, la Fiscalía debe determinar con perito. Más allá de que sea una firma copiada o no, no he suscrito en ningún momento un acuerdo de reparaciones. Si no lo he invitado a reunirnos, tampoco he firmado un acuerdo de conciliación amistosa en estas fechas. Además, tiene inconsistencia”, declaró el procurador.
A la fecha, Acelor se publicita como presidente de una corporación global de distribución de energía, hace énfasis en que su esposa, Giselle Augusta, es dueña de una compañía que fabrica helicópteros, y muestra su éxito en fotografías que intentan dejar atrás su oscuro pasado en Perú.
Fue en junio del año pasado. Erick Villaverde, procurador del Ministerio de Justicia y el encargado de seguir la denuncia, solicitó entonces al tribunal que se archivara el pedido, aunque finalmente el controversial documento fue admitido a trámite en su sede en Londres (Inglaterra).
La Procuraduría ha debido destinar más de un millón de dólares para contratar con un estudio de abogados en Inglaterra que defienda al Estado peruano de este “absurdo” de Acelor, quien además ha sido denunciado por Villaverde ante el Ministerio Público por falsedad del documento.
El caso contra Montesinos y Acelor fue abierto en agosto del 2000, cuando el exdictador Alberto Fujimori presentó a su exasesor como el artífice del supuesto desmantelamiento del tráfico de 10.000 fusiles AKM jordanos a las FARC, un hecho que fue negado posteriormente por el Gobierno de Bogotá.
La sentencia fue considerada clave, ya que junto con otros casos pendientes relativos a narcotráfico y violación de los Derechos Humanos, implicaron condenas iguales o superiores a 20 años.
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