La inclusión del congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) dentro del organigrama de la red criminal ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, que el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder tiene en el marco del Caso La Unión, ha generado repercusiones en el Parlamento.
Vivian Olivos, de la bancada de Fuerza Popular, informó en sus redes sociales que ha solicitado a la Comisión de Ética que inicie una investigación de oficio contra Bermejo Rojas por estar relacionado en un grave caso de corrupción que salpica también a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En el documento, la legisladora fujimorista indica que un motivo sería la detención de Francisco Jara, asesor de Bermejo, en el megaoperativo que la Fiscalía y efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) Policía Nacional del Perú realizaron ayer para detener a cerca de catorce personas y allanar 49 inmuebles en Lima, Piura, San Martín, Áncash y Huánuco.
Además, Olivos añade que existe un audio en el que Yul Valdivia, un ‘asesor en la sombra’ de Bermejo, habla con el detenido exalcalde de La Unión, Fernando Ipanaque Mendoza; y el entonces asesor en la ARCC, Mario Espinoza Vera, para concertar el direccionamiento de presupuesto para el financiamiento de proyectos en el distrito de La Unión, en Piura.
La solicitud de Olivos tendrá que verse tras la instalación de la Comisión de Ética que recién ayer se pudo aprobar la composición de sus miembros para el periodo 2023-2025. Uno de los más voceados es el congresista Diego Bazán de Avanza País, quien afirmó que su bancada lo ha propuesto, pero que en las próximas horas se conocerá. Bazán llegó a ocupar un curul en el Parlamento por la región de La Libertad.
El papel de Bermejo
Según la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a la que Infobae Perú tuvo acceso, el congresista Bermejo habría tenido el rol de ‘organizador’ dentro de ‘Los Operadores de la Reconstrucción’.
Sin embargo, el exsocio político del expresidente Pedro Castillo no habría estado solo. Francisco Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, serían sus “asesores en la sombra” para ser una suerte de intermediarios para los efectos de impulsar y promover un presupuesto económico ante Robert López López, cuando fue director general de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios, para cuatro obras que se iban a ejecutar en el distrito piurano de La Unión.
A Jara se le atribuye que “su misión habría sido recibir en el Congreso de la República a los demás investigados de la organización criminal, los operadores de la reconstrucción, y con ellos coordinar los porcentajes de dinero ilícito que le correspondía a cada uno”.
Por su parte, a Valdivia, se menciona que su tarea consistió en “visitar a diferentes alcaldes del interior del país, para captarlos y conducirlos hasta el despacho congresal, entre uno de los alcaldes captados estaría Fernando Ipanaque Mendoza, líder de la organización criminal ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ y exalcalde de la Municipalidad distrital de La Unión-Piura”.
A Jara y Valdivia se les imputa haber cometido la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. El Ministerio Público pronostica para ambos penas entre cuatro a 15 años de prisión por ser parte de “Los Operadores de la Reconstrucción”. Por ahora cumplen 10 días de detención preliminar.
Niega vinculación
“Eso es mentira, reto a la Fiscalía que demuestre que el señor Yul Valdivia sea asesor mío. Ustedes pueden revisar tranquilamente el organigrama de mi despacho. Además, si comprueban la acusación fiscal, acusan a este señor Valdivia y reconocen que no trabaja en mi despacho”, dijo el congresista Bermejo sobre el nexo de uno de sus llamados ‘asesores en la sombra’ con la red criminal ‘Los Operadores de la Reconstrucción’.
En otro momento de la entrevista, Bermejo dijo que las diligencias que se realizaron en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios, se tratarían de persecuciones políticas.
“Sobre el actuar de la Fiscalía, es una persecución política. A nosotros nos viene persiguiendo, y en el gobierno de Dina Boluarte nos volvieron a abrir el caso. Esto, después de haber sido absuelto dos veces por dos salas penales por unanimidad”, sostuvo.
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