Una nueva ayuda del Congreso de la República hacia el gobierno de Dina Boluarte estaría por concretarse. La parlamentaria Martha Moyano, de la bancada Fuerza Popular, presentó un polémico proyecto de ley que podría servirle como un elemento adicional y de defensa ante la investigación de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves que se le sigue a la presidenta.
La fujimorista es la autora de la iniciativa 05653/2023-CR que plantea un Plan Integral de Reparaciones que está enfocado en las víctimas del conflicto armado interno, entre 1980-2000, que se dio en el Perú. Sin embargo, Moyano añade también a las familias que perdieron a sus seres queridos durante la ola de protestas de diciembre del 2022 y enero de este año contra Boluarte Zegarra.
“También podrían considerarse actos terroristas las acciones perpetradas en las marchas realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 calificadas como Toma de Lima, que dejo un saldo de más de 60 fallecidos, edificios públicos destruidos, comisarias, viviendas de congresistas, al igual que muchos negocios privados, destacando el incendio del edificio Marcionelli, cuya construcción data de los años 20, ubicado en el jirón Carabaya en el entorno de la plaza San Martín, Lima. Éstas marchas destacaron por su crueldad, manifestada en la muerte de animales, considerados mascotas de efectivos policiales y por el hecho de quemar vivo a un policía en la localidad de Juliaca, Puno, el 10 de enero de 2023″, se lee en el documento.
Además, la iniciativa agrega que “actualmente las víctimas de esa violencia que podría calificarse de terrorista no han recibido ninguna reparación del Estado, en su calidad de personas discapacitadas, viudas o huérfanos, y no existe motivo alguno para que no haya un trato igualitario con las víctimas de la violencia terrorista ocurrida entre los años 80 y 2000″.
Sin embargo, el intento de la fujimorista Moyano por tratar de tipificar que los fallecidos durante las manifestaciones contra Boluarte Zegarra fueron “actos terroristas” no se ajusta a la realidad.
Diversos organizaciones —como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— sacaron sendos informes donde concluyeron, y coincidieron, que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para repeler a las personas que salieron a las calles. Incluso, el Gobierno lo reconoció en un informe reservado.
Por otro lado, Moyano menciona que un efectivo de la PNP también resultó quemado cuando eso tampoco es cierto. Es de conocimiento público que la necropsia que se le practicó al suboficial José Luis Soncco sale que falleció por un traumatismo encéfalo-craneano (TEC) por un “objeto contundente”.
El documento sugiere que el cadáver de Soncco, ya sin vida, fue colocado a un patrullero de la PNP en llamas. Esto habría sucedido realmente en el caso de este oficial, cuya muerte es usada políticamente por sectores que buscaron deslegitimar las marchas contra la presidenta Boluarte.
De otro lado, Moyano menciona que los deudos de las víctimas de las protestas contra Boluarte no recibieron ninguna indemnización del Estado cuando tampoco es verdad.
El 21 de febrero pasado se publicó el decreto de urgencia 006-2023 en el que se menciona se le daría por una única vez un bono extraordinario de 50.000 soles y 25.000 soles a las familias de los fallecidos y heridos durante las protestas contra Boluarte Zegarra.
Finalmente, Moyano establece en su Plan Integral de Reparaciones lo siguiente:
A) Programa de restitución de derechos ciudadanos.
B) Programa de reparaciones en educación.
C) Programa de reparaciones en salud.
D) Programa de reparaciones colectivas.
E) Programa de reparaciones simbólicas.
F) Programa de promoción y facilitación al acceso habitacional.
G) Programa de promoción, facilitación y acceso a puestos de trabajo.
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