Una nueva denuncian de soborno se destapa en contra del expresidente de la República, Pedro Castillo. Y es que un colaborador eficaz declaró, desde Punta Cana, que un empresario peruano sobornó al exmandatario para obtener favores de la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN).
Según las investigaciones de Cuarto Poder, el colaborador eficaz declaró que Moisés Bravo, gerente general MB Ingenieros S.A.C., recurrió a las mismas personas de la SBN que la empresaria Sada Goray para que un terreno en Villa María del Triunfo, no revierta al Estado y así mantener su concesión por 35 años.
¿Cuáles son los actos irregulares?
Este ingeniero civil de 66 años fue, de marzo a octubre del 2022, director de Infraestructura Hidráulica y Riego en el Ministerio de Agricultura. Pero también es propietario de MB Ingenieros Asociados SAC., empresa que tiene hasta el 2050 la concesión de un terreno en Villa María del Triunfo, donde se levantó un gran centro comercial.
“Es ahí que tengo conocimiento que el señor Mosíes Bravo Hinostroza, gerente general de la empresa MB Ingenieros S.A.C. a fin de lograr la nulidad de la reversión de propiedad estatal, se dirigió a la casa del pasaje Sarratea 179-Breña, entregándole altas sumas de dinero a José Pedro Castillo Terrones”, se lee en la declaración del colaborador eficaz, realizada el 4 de noviembre del 2022.
Pero las declaraciones del colaborador eficaz no quedaron allí. Aseguró que las decisiones que beneficiaron al empresario fueron refrendadas por la funcionaria de la SBN, Marina Aglae Subiria Franco, la que hoy es investigada por el caso de Sada Goray.
“Por lo que luego de las entregas de dinero, mediante la Resolución N.º 055-2022 se declaró la nulidad de la reversión, resolución firmada por Marina Subirina Franco, directora de Gestión del Patrimonio Estatal”, se lee en otra parte del acta fiscal del colaborador eficaz.

¿Cómo inició todo?
El 2008 la SBN le entregó en sesión de uso a la Municipalidad de Villa María del Triunfo un terreno de 22 mil metros cuadrados para la construcción de un Complejo Deportivo Comercial, 70% del terreno debía ser destinada al área deportiva y el 30% para la capacitación de empresarios. Con el objetivo de concretar la obra, la municipalidad le entregó el terreno en concesión por 35 años a la inmobiliaria Pasos, de propiedad de Bravo Hinostroza, quien traspasó el terreno a su empresa MB Ingenieros.
Los fines para los que se cedió el terreno no se realizaron. En cambio, se construyó en una pequeña parte una cancha deportiva que no ha sido terminada y en el 70% restante un enorme centro comercial conocida como Real Plaza. Lo peor es que MG Ingenieros llegó a un acuerdo con Supermercados Peruanos, cuyos beneficios no alcanzan a la Municipalidad de Villa María del Triunfo.
El 2019 la gestión del alcalde Eloy Chávez canceló el contrato entre Bravo y el municipio de Villa María del Triunfo por considerarlo irregular. Sin embargo, la comuna perdió el arbitraje.
Pese a esta denuncia, el empresario señaló que se construyó al 100% lo que le correspondía al concesionario como el centro comercial, la piscina temperada, la cancha de fútbol, el techo de las graderías, la casa del adulto mayor y la casa de la mujer.
El alcalde denunció que la piscina que entregó la empresa de Moisés Bravo estaba abandonada, en pésima condiciones e inoperativo. “Se está queriendo beneficiar con tantos millones de soles (a una empresa) con una concesión mal hecha e ilegal”, agregó el alcalde.
SBN toma extraña decisión
En julio del 2021, tras una inspección de la Superintendencia de Bienes Estatales, se comprobó que en el terreno donde se construyó un centro comercial, no se estaba cumpliendo la finalidad para el que fue transferido. Esto hizo que se decidiera revertir al estado los 16 mil metros cuadrados del terreno sobre los que se construyó el centro comercial.
Esta decisión se tomó a través de un documento firmado por el subdirector de Administración del Patrimonio Estatal, Carlos Reategui Sánchez. Solo se dejó en concesión la cancha deportiva. Entonces, la municipalidad y la empresa MB Ingenieros Asociados SAC solicitaron en varias oportunidades que se revise el documento.
Esta funcionaria está involucrada con el caso del terreno de Sada Goray por el que se pagó sobornos a Salatiel Marrufo para resolver una superposición con un terreno del Estado. Marina Subiría fue nombrada, directora de Patrimonio Estatal de la SBN, el 10 de marzo del 2022.
Seis días después del mencionado nombramiento, el empresario Bravo Hinostroza vuelve a pedir que se revise el caso. El 25 de abril del 2022, María Subiria decide que el terreno donde está construido el centro comercial, no debía regresar al Estado, fallando en contra de las otras medidas que emitió su propia institución.
“Cuando salen esas resoluciones, son emitidas sin sustento. No había quien firme el informe técnico legal, la pretención fue que eso lo firme alguien acá y nadie lo firmó. La pretención es que los planos lo firme alguien acá, no lo firmamos acá. No sé firmó porque esta entidad es estrictamente técnica”, sostuvo Reategui.
Otra implicada en este caso, fue la abogada Flor Olivera, la misma que opinó a favor de Sada Goray en el caso de los terrenos de Chilca. Ella realizó un informe con el que María Subiria se basó para tomar su polémica decisión.
Por su parte, Moisés Bravo negó conocer y haberse reunido con María Subiria, negó haber pagado coimas al expresidente de la República o haberse reunido con él.
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