El presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza (Perú Libre), viajó a El Salvador este miércoles, un día antes de la sustentación de la iniciativa legislativa que busca incrementar las penas por difamación, un proyecto conocido como ‘ley mordaza’.
El parlamentario no se presentó ante la cámara, de modo que el titular del Congreso, José Williams, decidió pasar a cuarto intermedio el debate de la segunda votación a solicitud del portavoz de la tienda izquierdista, Flavio Cruz, quien admitió que hubo una “descoordinación” tras el viaje de su colega.
“A última hora creo que le autorizaron el viaje y tengo entendido que no coordinaron la sustentación [de la segunda votación]”, abundó el congresista en una entrevista con El Comercio. La salida de Gonza fue cuestionada por el titular del Parlamento, pues consideró que el debate ya debe darse por zanjado.
“No se debe dilatar más el tema, se debe definir de una vez. Considero que fue inoportuno que [Gonza] pudiera viajar. Tuve una conversación una semana atrás con él y le pedí que definiera la fecha, me dijo que sería el jueves 25 y entonces le dije que lo programábamos para la tarde”, enfatizó Williams en una rueda de prensa.
“Él viajó con una invitación particular para un evento en El Salvador. Cuando sucede una situación como esta puede representarlo el vicepresidente o el secretario, [pero] ninguno de los dos conocían el tema”, refirió.
La iniciativa legislativa está pendiente de segunda votación luego de ser aprobada con 69 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. En rigor, propone modificar el Código Penal para alzar las penas de cárcel y los montos de reparación civil por los daños al honor causados por los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva.
Según el texto, si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con 120 a 365 días, multa e imposición de reparación civil en favor del querellante.
En esta jornada, el premier Alberto Otárola se declaró confiado en que el pleno no apruebe la ley. “La conflagración de derecho que se da entre la libertad de prensa y el derecho a la intimidad y al buen nombre de las personas tiene que ser resuelta en su momento por los órganos de justicia y no a través de este tipo de leyes”, señaló.
Otárola expresó que la administración de Dina Boluarte se mantiene expectante a la decisión para eventualmente tomar acciones. “El Gobierno está haciendo un seguimiento especial a este debate parlamentario y, como un seguimiento respetuoso, esperamos la decisión del Congreso para manifestar nuestra opinión”, dijo la semana pasada.
Y añadió: “La mejor ley de prensa que debe existir es aquella que no existe”.
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