Un conductor de taxi colectivo escapó este miércoles con un fiscalizador a bordo, luego de ser intervenido entre las cuadras 19 y 22 de la avenida Arequipa (Lince). El operativo fue ejecutado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional (PNP), que logró detener a Augusto Funegra Sarmiento tres calles después.
Según un comunicado difundido por este organismo —encargado de gestionar el transporte en Lima y Callao—, el taxista fue retenido ante su negativa a colaborar con las autoridades y entregar sus documentos requeridos.
Un efectivo policial pidió apoyo a un civil que transitaba con su motocicleta y juntos persiguieron al infractor. La ATU identificó que el vehículo de placa BMN-634 estaba a nombre de otra persona —Jorge Masías Manrique— y presentaba una deuda de seis mil 682 soles por realizar transporte informal.
La unidad fue derivada al depósito, junto con otros 12 vehículos que fueron multados con una infracción R02 ―considerada muy grave—, lo cual implica una multa de 2475 soles por prestar el servicio de transporte en un vehículo de categoría M1 bajo modalidad no regulada.
En lo que va de 2023, la ATU ha realizado nueve mil operativos de fiscalización en diversas calles y avenidas de Lima y Callao para combatir el transporte informal y otras infracciones de alto riesgo. Al menos 1600 vehículos han sido enviados al depósito como resultado de estas acciones.
La autoridad mencionó que su propuesta se originó ante la suspensión temporal del Corredor Amarillo, dictada por la ATU, que devino en molestias en miles de usuarios que ahora deberán optar por los taxis colectivos. “No es mi culpa. Yo estoy reaccionando a un problema de la ATU”, señaló.
Martín Ojeda, director del gremio, consideró en RPP que el burgomaestre incurriría en un ilícito al emprender el registro, pues la Ley 31096 precisa que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) es la entidad encargada de realizarlo.
“No se puede ir más allá de las facultades establecidas por ley. El solamente decir ‘voy a empadronar’ le está dando fuerza a estos señores [colectiveros]”, indicó el portavoz.
El congresista, autor de otro proyecto de ley que busca elevar las penas por el delito de difamación a través de medios de comunicación y redes sociales, registra al menos cinco papeletas, la licencia de conducir cancelada y cinco procesos penales por robo, usurpación y otros, según un informe difundido por El Comercio.
El portal del ministerio de Transportes (MTC) sostiene, además, que en enero del 2010 el legislador recibió una infracción por dejar el vehículo mal estacionado.
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