A inicios de enero del 2023 el Tribunal Constitucional (TC) dispuso que el llamado muro de la vergüenza, que divide a los distritos de La Molina y Villa María del Triunfo, sea derribado en un plazo de 180 días. A cuatro meses de esta sentencia, el alcalde molinense, Diego Uceda, señaló que apelará la decisión, ya que su comuna no cuenta con los recursos para que la pared sea derruida.
“No tengo recursos para botar la pirca. Vamos a tener que llegar a un acuerdo y vamos a apelar en una corte internacional. No tengo dinero para tirar la pirca. Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, dijo el burgomaestre durante una entrevista con Canal N.
Además, Diego Uceda negó la existencia de este muro en La Molina y minimizó sus dimensiones, alegando que solo es una pirca que tiene como objetivo proteger la zona natura de lomas.
El ‘muro de la vergüenza’ es una barrera de piedra con alambre con púas de 4,5 kilómetros de longitud, construida en el año 2011, que separa el asentamiento humano La Florida, en VMT, de la urbanización Las Praderas, en el distrito de La Molina. Este cerco fue levantado en el límite con Pamplona Alta, que pertenece al municipio de San Juan de Miraflores. Es un poco más bajo que los de los condominios privados y tiene un lugar de paso, donde hay un puesto de control de la guardia municipal molinense.
El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse sustentó que derribar el muro era necesario porque “no solo es un atentado a la libertad de tránsito, sino, sobre todo, es un muro discriminatorio, porque divide dos clases sociales, y eso es inadmisible en una democracia contemporánea”. Así lo explicó durante una entrevista con RPP.
También indicó que la sentencia no favorece a las invasiones. “Todo lo contrario, exhortamos a que dicten leyes represivas al tráfico de terrenos, y que en esos espacios públicos haya parques, espacios de recreación”, señaló.
De acuerdo a la disposición del Tribunal Constitucional, el muro debería caer a mediados de julio, pero a menos de tres meses de la conclusión del plazo, el alcalde sorprendió con su negativa, alegando problemas económicos.
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